«Nos sentimos discriminados, especialmente por las administraciones, que no cumplen con los compromisos de pagos, creando este malestar y situación insostenible», dijo ayer Manuel Zafra, presidente de la Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad de Balears (Unac).
Ayer, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Parlament celebró una sesión plenaria extraordinaria, presidida por Pere Rotger, presidente del Parlament; con la asistencia del president del Govern, José Ramón Bauzá; el conseller de Salut, Família i Benestar Social, Martí Sansaloni; el presidente y el director de la Unac, Manuel Zafra y Juan Perera, respectivamente.
Comisión
Perera pidió la creación de una comisión parlamentaria formada por diputados de todas las formaciones políticas y directores de las asociaciones de personas con discapacidad con el objetivo de que en un plazo de un año se redacte un texto para crear un pacto social relacionado con las personas con discapacidad y se establezca una hoja de ruta por encima de los «personalismos y el color político».
Por su parte el president Bauzá pidió «perdón» a las asociaciones por «los retrasos en los pagos» y afirmó que estudiará la petición de crear un pacto social.
«Recojo el guante que nos acabas de lanzar», le dijo Bauzá a Perera, afirmando que está convencido de que todos los grupos apoyarán la propuesta.
«Quisiera por un momento que se pusieran en nuestro lugar y sintieran la angustia que sentimos cada fin de mes para conseguir pagar al menos a los profesionales que atienden a las personas con discapacidad», afirmó Zafra.
Jacinto Valero, en representación de la Federación de Personas Sordas de Balears, explicó, a través de la lengua de signos, «necesitamos fortalecer a nuestra comunidad sorda: más formación, más apoyos, más recursos, más comprensión, y menos barreras, menos discriminación».
Los jóvenes Raúl Díaz y José Luis Yerga, en representación de Aspace, preguntaron a los políticos «¿qué harían si fueran en silla de ruedas y no pasaran por las aceras por qué no cabe o no pudiera entrar en un bus que no está adaptado?». Rafael Winkelman de ASPROM recordó que en Balears hay 55.000 personas «con alguna discapacidad física o sensorial» y que un entorno accesible atraería a turistas con discapacidad «que supondrían un negocio dado que se trata de un 15% de la población».
La joven Francisca Maria, de 25 años, residente en Pollença ha conseguido una formación y un trabajo gracias a la Associació Pro-Ajuda a Persones Discapacitades (Prodis). Esta joven afirmó, durante su intervención en el pleno extraordinario que «las leyes se tienen que cumplir y los políticos tienen que seguir ayudando a las entidades para que éstas nos puedan seguir ayudando a nosotros».