El grupo parlamentario 'popular' rechazará este martes en el Pleno del Parlament las enmiendas a la totalidad que ha presentado la oposición en contra de la suspensión temporal del Consejo Económico y Social (CES) por su «compromiso con el control del gasto y la eliminación de duplicidades».
La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Prohens, ya explicó este lunes que la suspensión de la entidad se debe a que «no forma parte de la organización institucional básica según se desprende del Estatut d'Autonomia».
Prohens ha detallado que «el gasto anual del CES alcanza los 583.000 euros entre salarios, alquileres o dietas, lo que supone un ahorro de más de 40.000 euros mensuales».
Debido a esto ha argumentado que «las circunstancias económicas actuales» obligan a dar «este paso más» en la línea de reducción del gasto debido a que en la anterior legislatura se actuó «con las manos agujereadas».
Así, ha avanzado que la entidad podrá «ser restituida con un decreto del Consell de Govern cuando la situación económica lo permita» y ha incidido en que «en ningún caso se vulnera el Estatut como quieren hacer creer».
A estos efectos, ha considerado «una broma de mal gusto» las «lecciones de austeridad» del PSIB-PSOE y de la coalición PSM-IniciativaVerds-Entesa después «de descubrir su gasto descontrolado del dinero público» durante «el último año y medio».
En este sentido, Prohens, ha destacado «los 300 euros que se pagaban a los sindicatos por asistir a sus reuniones», «los 260.000 euros de gasto en logística y catering» derivados de estas reuniones o los «más de 10 millones en un año en subvenciones a sindicatos, patronales y medios de comunicación».
«La única lección que deberíamos recibir de la oposición es una lección de humildad, de pedir perdón, de dejar trabajar a este Govern para volver a llevar esta comunidad por la senda del crecimiento», ha aseverado.
Va en contra del Estatut, según la oposición
Por su parte, el PSM-IV-ExM solicita la devolución del proyecto de ley mediante el cual se suspende el CES al entender que su contenido es contrario a la voluntad del Estatut «de dar voz a la sociedad civil organizada» mediante un órgano colegiado de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta en materia económica y social.
Los socialistas, por su parte, consideran que el CES es una entidad «de imposible sustitución» que debe formar parte activa en la investigación y búsqueda de soluciones en la situación actual de crisis económica.
Por ello, el PSIB defiende el mantenimiento de esta entidad y, para avanzar en la racionalidad de la administración balear, propone eliminar la delegación territorial del Govern en Formentera y el delegado territorial en esa isla, así como suspender todas las contrataciones de servicios externos destinadas a consultoría, asesoramiento o estudios del Ejecutivo balear.
Cabe recordar que el Consell de Govern del pasado 5 de octubre aprobó la suspensión del CES, algo que supondrá, según el Govern, un ahorro de 583.000 euros en aplicación del plan de equilibrio económico del Ejecutivo balear para cumplir los objetivos de déficit fijados por el Estado.