Seis acusados, entre ellos Fernando Garrido, exjefe de Demarcación de Costas, y Lucas Prats, presidente del Fomento del Turismo, se enfrentan a penas de entre tres años de cárcel y treinta meses de multa a razón de cien euros al día por una supuesta «obra ilegal» en el camino que conduce al faro de Punta Grossa.
En el juicio celebrado ayer por la Audiencia Provincial de Palma en Eivissa, el Ministerio Fiscal imputa a los acusados un delito contra la ordenación del territorio por unos trabajos realizados entre octubre y diciembre de 2004 en este sendero que comienza en la finca Es Single, propiedad de la empresa Pompe S.L y cuyo administrador solidario es José Manuel Pardo, también en el banquillo.
El lugar se encuentra en la costa de la Cala de Sant Vicent, en una zona calificada de «área natural de especial interés (Anei)». En él, el fiscal, a raíz de una denuncia presentada por Amics de la Terra, aseguró que los acusados llevaron a cabo, entre otras cosas, «la ampliación de la anchura del sendero hasta tres metros cuando el originario no superara el metro y medio, el corte de taludes en la roca del acantilado de hasta dos metros de profundidad y cinco metros de altura, el vertido de los áridos en el mar y la tala de pinos de alto valor ambiental y paisajístico».