El exconseller de Comercio, Industria y Energía y expresidente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Josep Juan Cardona ha afirmado que en 2007, como presidente del PP de Ibiza y Formentera, ordenó la elaboración de unos folletos publicitarios del partido para las elecciones autonómicas y municipales de ese año, y ha asegurado desconocer que su transporte desde Mallorca a esas islas fuese sufragado con fondos públicos.
«No me enteré de los pagos de los folletos», ha remarcado el principal acusado del caso Scala al ser preguntado por el presunto pago de 10.585 euros del CDEIB para el desplazamiento, a través de la empresa Mex-Trascentro, de la mercancía, que según los investigadores fue camuflada con el logotipo 'Productos 5 Estrellas'.
En este sentido, Cardona, cuya declaración continúa, ha señalado que fue como dirigente del PP, y no como conseller, ha asumido como suya la idea de ordenar la elaboración de la propaganda al publicista Joan Rosselló, también inculpado, si bien se ha desvinculado de la forma en que se tramitó el pago del transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios.
El exalto cargo de Jaume Matas ha recordaro cómo el trabajo de Rosselló consistió en resaltar en la propaganda la labor llevada a cabo durante la legislatura 2003-2007 por las instituciones gobernadas por el PP, para lo cual puso en contacto a Rosselló con su entonces jefe de gabinete en la Conselleria, José Manuel Alcaraz, actual delegado territorial del Govern en Formentera.
El exconseller ha precisado que el papel de Alcaraz consistía en facilitar al publicista los datos y contactos que debían incluirse en los folletos, que fueron realizados de forma gratuita por Rosselló.
Por su parte, la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas, también acusada, apuntó durante su declaración al exconseller de así como al exdirector general de Promoción Industrial Kurt Viaene, como los únicos responsables que pudieron autorizar el pago del transporte de publicidad electoral del PP con cargo a los fondos del organismo público.
Según Ordinas, todo comenzó cuando Cardona le llamó y le citó a su despacho del Parlament balear, donde le comentó que tenía interés en la elaboración de unos folletos que detallasen las acciones que el PP había llevado a cabo en Ibiza y Formentera durante esa legislatura y le interesaba que se encargara de ello Joan Rosselló de forma gratuita, puesto que a lo largo de ese mandato «había recibido una gran facturación del CDEIB, según me dijo el conseller».
Niega la mayor
Cardona ha comenzado hoy su declaración en el juicio del caso Scala, en el que se enfrenta a una condena de 21 años por varios delitos de corrupción, con una afirmación exculpatoria tajante: «No he recibido ningún dinero».
En la cuarta jornada de la vista, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha iniciado su interrogatorio preguntando a Cardona si se quedaba con el dinero de comisiones que le entregaba el ex director general de Industria Kurt Viaene o si lo repartía con el PP.
«No he recibido ningún dinero, ni de Kurt ni de nadie», ha subrayado el acusado, quien ha afirmado que la acusación contra él de Vieane se debe a que su confesión le supone una rebaja de la petición de pena de 20 a 7,5 años.
El exconseller ha asegurado que, a través de la representación letrada de Viaene se le propuso pactar con la Fiscalía Anticorrupción el reconocimiento de los hechos a cambio de una reducción de la pena solicitada, pero él lo rechazó porque las acusaciones eran falsas.
Asimismo, ha declarado que tanto el ex director general de Industria, como la gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, que también ha achacado a Cardona la dirección de una trama corrupta que se expolió 8,27 millones de euros públicos, fueron designados a propuesta del presidente del Govern balear y del PP en la legislatura 2003-2007, Jaume Matas.
No revisaba los contratos
Cardona ha afirmado hoy que nunca miró los expedientes de contratación del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (Cdeib) que autorizó, que según la Fiscalía Anticorrupción sirvieron para expoliar 8,27 millones de euros.
El exconseller ha basado su defensa en que firmó los contratos sospechosos porque tenía plena confianza en sus subordinados.
Ha descargado la responsabilidad en la exgerente del Cdeib Antonia Ordinas, que tenía delegada toda la capacidad de contratación del organismo pese a que era él quien lo presidía formalmente.
«No he visto ningún expediente», ha insistido el acusado a preguntas del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, ante el que ha reconocido: «Firmaba toda la documentación que me subían (al despacho) porque se suponía que estaba correcta».
Respecto a su autorización en el contrato como asesora de Isabel Rosselló, pareja de Ordinas, ha relatado que desconocía la relación sentimental entre ambas porque la gerente del Cdeib le había contado que la había acogido en su casa junto a sus hijos tras separarse de manera traumática de su marido.
Nadie le informó de que los contratos del Cdeib eran completamente irregulares y se realizaban a posteriori para avalar los servicios adjudicados a dedo, ha asegurado.
«Ni me lo hicieron ver en las reuniones ni me lo dijeron por escrito ni me lo dijeron de palabra» ha dicho el exconseller, quien ha considerado que la cobertura de los desfases presupuestarios del consorcio mediante préstamos entraba dentro de la práctica habitual en el Govern que presidía Jaume Matas.
Cuando Cardona, para justificar su falta de atención a los asuntos cotidianos del Cdeib ha enumerado las diversas empresas públicas y direcciones generales que tenía a su cargo, el fiscal Horrach le ha replicado: «No voy a enumerar los casos que llevo, pero me los miro todos».