El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dado la razón a un propietario y ha anulado los acuerdos por los que el Ayuntamiento de Sant Josep le denegaba la solicitud de prórroga de obras y declaraba la caducidad de su licencia de construcción.
Este particular solicitó un permiso para modificar su vivienda en 1993 y el Consistorio se lo concedió en 1994, permitiéndole ejecutar las obras en un periodo de dos años, hasta 1996. Sin embargo, en 1995, un auto judicial paralizó los trabajos por una denuncia de su vecina por un problema de límites de la finca. De modo que primero este particular tuvo que arreglar todos los problemas con su vecina e incluso derribar parte de las obras. En noviembre de 2005, muchos años después del plazo legal que tenía para construir la obra, solicitó una prórroga, que le fue denegada en 2009, en épocas de gobierno progresista. Además, en octubre de ese mismo año se declaró la caducidad del permiso. Unas decisiones que fueron confirmadas además por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, que las consideró «adecuadas a derecho».
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