El Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza ha estimado una demanda interpuesta por UGT y ha declarado nulo el despido de una empleada del Instituto de Biología Animal de Baleares (Ibabsa) que llevaba más de veintiséis años trabajando en la empresa pública dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio.
En un comunicado el sindicato destaca que de esta forma es anulado otro despido en empresas públicas y añade que confía en que la justicia le siga dando la razón y finalmente declare ilegal el conjunto de los realizados por el Govern en las empresas públicas.
La resolución obliga al Govern a readmitir a la afiliada de UGT en su puesto técnico medio administrativo del área de producción animal de Ibabsa en Ibiza y a abonarle 96,32 euros diarios desde la fecha en que fue despedida hasta su readmisión, una cifra que supera en este momento los 27.000 euros.
El Juzgado argumenta que declara nulo este despido de una trabajadora «indefinida no fija» porque formaba parte de un proceso colectivo y no individual llevado a cabo por Ibabsa al que se debería haber aplicado los artículos 51 y 52 c del Estatuto de los Trabajadores.
Es decir, se tendría que haber realizado un expediente de regulación de empleo negociado con la representación legal de los trabajadores y haber indemnizado al personal despedido tal y como defendió el comité de empresa ante el consejo de administración de Ibabsa.
Tesis
UGT defiende que las diferentes sentencias emitidas por los juzgados, que anulan diversos despidos en las empresas públicas, así como la reciente resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) sobre un despido en la Agencia de Turismo de Baleares avalan su tesis de que el proceso de reestructuración del sector público realizado por el Govern es «ilegal».
En este sentido, la organización sindical considera «errónea y sesgada la afirmación del Ejecutivo autonómico de que tan solo 131 personas han interpuesto demandas contra su despido ya que ha obviado la contencioso-administrativa de UGT admitida a trámite por el TSJB contra la totalidad del proceso de reestructuración del sector público del archipiélago».
«El Govern no puede minimizar el problema que ha creado porque si el TSJB nos da la razón pueden ser declarados nulos los más de 600 despidos realizados en el sector público por vulneración del derecho a la negociación colectiva por la ausencia de un plan de acción social de acompañamiento que reduzca el impacto de las medidas y por la falta de transparencia y objetividad con la que se han realizado estos despidos», subraya UGT.
Añade que espera que el TSJB comparta su planteamiento sobre el «fraude de ley» con el que se ha llevado a cabo la reestructuración del sector público y ha vuelto instar al Govern a no vulnerar derechos fundamentales con la excusa del cumplimiento del déficit y a reconducir la situación hacia la negociación con los sindicatos de todo aquello que tenga que ver con los derechos de los trabajadores y la calidad de los servicios públicos».
los funcionarios no se echan son fijos