El PSIB ha registrado este jueves en el Parlament balear la Proposición de Ley de Insolvencia Singular, una iniciativa legislativa «pionera» que busca «rescatar a las personas que, de buena fe y por motivos de insolvencia, no pueden hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias».
En una rueda de prensa, la portavoz parlamentaria socialista, Francina Armengol, ha apuntado que con esta proposición los socialista pretenden que «ninguna persona tenga que huir de su casa porque no pueda pagar la hipoteca».
«Hasta ahora hemos rescatado a los bancos, es hora de poder rescatar a las personas», ha manifestado Armengol, que ha explicado que el PSIB trabaja «desde hace meses» en esta propuesta legislativa, que ha consensuado y contrastado «con muchas organizaciones y colectivos», incluidos los afectados por las hipotecas.
Tres posibles casos
El autor de la Proposición de Ley y diputado socialista, Antoni Diéguez, ha detallado que el procedimiento se inicia cuando el afectado solicita al juez que rescate su hipoteca y, en este momento, se paralizan todos los procesos judiciales y de ejecución hipotecaria, para dar tiempo a la justicia a decidir.
Desde ese momento, el magistrado otorga 10 días al banco para contrastar la información aportada por el afectado y, con una única vista oral, «rápida y ágil», determina cuál es la situación y a cuál de los tres casos previstos por la ley se puede acoger.
En ese sentido, la ley prevé tres posibles soluciones, la primera de ellas para las personas que «previsiblemente» podrán recuperar su nivel de ingresos pronto, por lo que se establecerá una moratoria de pago de la deuda y de los intereses de hasta tres años.
Para los que pueden pagar las cuotas, pero no tan altas, el juez podrá autorizar el traspaso de la hipoteca al «banco malo» -la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)-, con una quita del 52%, y se reducirá la cuota mensual de forma proporcional.
«De esta forma, el afectado ya no paga a su banco originario, sino a la Sareb. Le damos al banco malo una buena utilidad», ha enfatizado Diéguez.
Finalmente, para aquellos que realmente no puedan hacer frente a la hipoteca, ni se prevé que lo puedan hacer a medio plazo, el juez traslada la deuda a la Sareb (que solo paga al banco propietario con la quita del 52%) y fija un alquiler social que no puede superar el máximo de una tercera parte de los ingresos familiares.
«Así, el afectado puede seguir viviendo en su casa, con un alquiler social, que tiene en cuenta todos los años que ya ha pagado de hipoteca y sus circunstancias familiares», ha apuntado el diputado socilista.
Agilidad del proceso
«Todo el proceso puede durar entre uno y tres meses», ha valorado Diéguez, que ha asegurado que se trata de un proceso judicial «muy ágil» que protege a las personas que no pueden hacer frente a las cuotas.
El diputado del PSIB ha concretado que, «desde el primer momento», se paraliza la ejecución hipotecaria y todo el proceso estará libre de tasas judiciales y contará con procurador y abogado de oficio.
En opinión del autor de esta propuesta, «el dinero público no se pierde», sino que se utiliza para financiar la «reestructuración de la deuda hipotecaria».
«Este proceso, muy similar al que se abre con empresas que presentan concurso de acreedores, permitirá aplicar a los afectados por las hipotecas las mismas ventajas legales que ahora tienen las empresas», ha concluido Diéguez.
«Hasta ahora, las reacciones del PP y el Govern han sido positivas», ha asegurado el diputado del PSIB, que ha señalado que el procedimiento legislativo en el Parlament «podría estar finalizado antes del verano si existe voluntad política por parte del PP de llevarlo adelante».