Los sindicatos de la Función Pública de Balears, UGT, CCOO y STEI, han abandonado la mesa de negociación hasta que cambien las «formas y los hechos», después de que se haya «impuesto» por parte del Govern el Decreto Ley 2/2013 de medidas de movilidad intraadministrativa, que entró en vigor el 17 de junio y que establece nuevos méritos obligatorios para los concursos de traslados.
En un comunicado, UGT, CCOO y STEI han justificado su decisión por la «desconsideración» que, a su juicio, ha tenido la consellera de Administraciones Públicas, Núria Riera, hacia el personal funcionario, después de que el pasado 14 de junio, día en el que el Consell de Govern aprobó el citado Decreto, dijera que éste se había negociado con los sindicatos durante un mes y medio.
«Eso es rotundamente falso», han remarcado los sindicatos, que han cuestionado si el director general de la Función Pública «tiene poder de negociaciaión en las mesas» en las que, en un principio, según han recordado, es el máximo representante de la administración en las mismas.
Por otro lado, UGT, CCOO y STEI han advertido en la mesa de negociación de que los servicios jurídicos de algunos sindicatos ya tienen encima de la mesa la documentación para impugnar la tramitación del Decreto Ley 2/2013, al considerar que «vulnera el derecho a la negociación».
Los tres sindicatos han censurado que en la Mesa Sectorial de Servicios Generales (MSSG), celebrada este miércoles, se volvieron a debatir y votar las bases del concurso de traslados del personal funcionario de servicios generales de la Comunidad Autónoma «y eso que en la sesión de hacía dos meses, el 19 de abril, ya habíamos debatido y cerrado estas bases».
Sin embargo, han indicado que el nuevo Decreto Ley 2/2013 de medidas de movilidad intraadministrativa, que entró en vigor el 17 de junio, establece nuevos méritos obligatorios por los concursos de traslados. Por lo tanto, UGT, CCOO y STEI estiman que por «imposición» de esta norma, «se ha debido volver convocar una Mesa de Negociación para incorporar estos méritos obligatorios».
Para estos sindicatos, en la Mesa de este miércoles, se ha cerrado un proceso de tramitación y ejecución de un Decreto Ley que, en su opinión, «ha vulnerado flagrantemente el deber de negociación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 37.