La consellera de Participació Ciutadana del Consell d'Eivissa, Carmen Domínguez, presidió ayer la segunda reunión entre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH Eivissa), entidades bancarias, ayuntamientos y la máxima institución insular en la que acordaron que Eivissa será declarada «una isla libre de desahucios». Por ello, en este encuentro se acordó que todas las instituciones de la isla harán una declaración de ‘isla libre de desahucios' que se deberá aprobar en pleno. La consellera de Participació Ciutadana recordó que las instituciones «no podemos impedir que haya desahucios porque son las entidades bancarias quienes los ejecutan, pero haremos lo que esté dentro de nuestras posibilidades para mostrar que no apoyamos los desahucios».
Sin medios
En este sentido, la materialización de esta declaración supone que las instituciones no pongan «medios humanos, materiales ni económicos» en ejecutar los desahucios, según explicó Aitor Morrás, portavoz de la PAH Eivissa. «Por ejemplo, que la Policía Local no participe en los desahucios o si hay cadenas impidiendo el paso a la vivienda que el Consell no envíe a los bomberos; esto es ya un paso», precisó Morrás.
Este acuerdo supone un paso importante y sin precedentes a nivel balear, pues si bien hay municipios, como Palma o Inca, que se han declarado libres de desahucios, la isla de Eivissa será la primera que manifieste su rechazo a los lanzamientos hipotecarios. Además, tampoco hay precedente a nivel balear en cuanto a la creación de una mesa de trabajo entre instituciones, bancos y los afectados por las hipotecas, según afirmó Morrás. «Participamos en la asamblea general de las plataformas a nivel estatal y había determinadas poblaciones que iban a empezar a trabajar en este mismo sentido visto el fracaso que ha tenido el fondo social del alquiler de viviendas del Gobierno». En este sentido, cabe recordar que ninguna entidad bancaria puso viviendas a disposición de este fondo estatal. De ahí la importancia de que, a partir de estas reuniones, sí que haya algunas entidades bancarias que hayan aceptado ceder a las instituciones pitiusas un total de cinco viviendas para alquileres sociales.
Convenios
«No son muchas, pero para empezar estamos contentos. Estamos viendo ahora cómo articularemos el convenio para poder poner a disposición de las familias afectadas estas viviendas a través de un alquiler social», explicó Domínguez. Según la consellera, los alquileres sociales rondarán entre los 150 y los 350 euros. En un plazo máximo de 15 días entidades bancarias, instituciones y afectados se volverán a reunir para avanzar en los alquileres sociales.