Las explotaciones mineras de Balears deberán obtener la declaración de impacto ambiental antes de diciembre de 2014 por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, según recoge el borrador del Anteproyecto de la Ley de Ordenación Minera de Balears presentado ayer por el conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García.
Actualmente en Balears hay 1.025 explotaciones «sin obligación de restaurar» -883 en Mallorca, 58 en Menorca, 78 en Eivissa y seis en Formentera-. Según dijo el consejero en rueda de prensa, el sector, que agrupa a 124 explotaciones activas, produce 2,4 millones de toneladas al año y emplea directamente a 422 personas.
Así, con la futura Ley, que el Govern pretende que sea la culminación de un proceso de amplio debate público, se trata de garantizar la protección del medio ambiente.
Una de las novedades importantes del texto presentado ayer es la actualización de la cuantía de las fianzas y que por primera vez se introduce el volumen de la explotación para su cálculo. Actualmente, los avales se calculaban únicamente en función de la superficie y a razón de 3.000 euros por hectárea, lo que hacía que frecuentemente los explotadores renunciaran a la recuperación de su depósito sin restaurar el terreno.
No obstante, en el futuro se tendrán en cuenta dos posibilidades y será de obligada aplicación la de mayor cuantía, por lo que los concesionarios de las canteras tendrán que entregar 7.000 euros por hectárea o 40 céntimos por metro cúbico, lo que significará unas cantidades superiores.
Además, se articularán medidas para asegurar la restauración de las explotaciones que no hayan sido rehabilitadas y se podría llegar, como medida excepcional, a su expropiación por parte de la Administración.
La propuesta técnica del Anteproyecto contempla con alto grado de excepcionalidad atender solicitudes de explotación en zonas de relevancia ambiental. Solamente se podrán plantear cuando no haya otras alternativas y que el plan se tenga que ejecutar «por razones imperiosas de interés público de primer orden».