La Asociación de Transporte Discrecional y Turístico de Eivissa y Formentera, integrada en la Federación Empresarial Balear de Transporte (FEBT), continúa esperando «contundencia» por parte del Consell d'Eivissa contra el intrusismo en su sector. Por el momento, y casi un mes después, no han recibido ninguna respuesta sobre la lista que entregaron a la máxima institución insular con seis páginas web que, según la asociación, comercializan servicios de alquiler con conductor sin cumplir con la legalidad.
Desde la máxima institución insular comentaron que «en todos los casos se está actuando y se han iniciado diligencias para tratar de probar la realización de la actividad ilegal, que en caso de resultar positivas se pasaría a la formalización de las correspondientes denuncias e incoación de los expedientes sancionadores».
Ayuda
La actuación del Consell no satisface a los transportistas discrecionales, que solicitaron ayuda a la FEBT y, por ello, celebrarán una asamblea la semana que viene en la que analizarán la evolución de la temporada turística, el aumento de la competencia desleal, las alegaciones al borrador de decreto para la normativa de tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en Eivissa. Otro de los puntos a tratar serán los pagos institucionales a las empresas por el transporte escolar. «Las empresas de transporte están sacando pólizas para poder subsistir por la deuda del transporte escolar y encima cuando puedes sacar dinero la Isla está llena de piratas», explicó el vocal de esta asociación profesional, que exige «más sanciones, más dureza y más inspectores» para frenar la competencia desleal en transporte discrecional. «Aquí lo que dicen es que no hay dinero para un inspector más, que hay dos inspectores que pueden controlar todo tipo de transporte ilegal de pasajeros y realmente lo que haría falta es la figura de un inspector desplazado que fuera en ruta por la noche, como hubo hace dos años», apuntó.
Desde esta asociación profesional recordaron que en el verano de hace dos años presentaron una lista con 30 vehículos de alta gama que se dedicaban, según ellos, a la actividad ilegal y que «esas denuncias no sirvieron para nada».