La polémica planteada por la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en junio de este año, y la normativa que impera en Balears con la Ley General Turística de 2012, que impide la comercialización y el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, se está saldando con una oposición frontal por parte de todo el sector turístico, a excepción del hotelero, a esta regulación, ya que según un estudio realizado por la patronal de Apartamentos y Viviendas de Viviendas de Uso Turístico en Balears (Apturbaleares), el 42,7% de las pernoctaciones que se realizan en las Islas son en establecimientos vacacionales no legalizados.
El presidente de esta patronal, Juan Estarellas, afirma que con la normativa vigente actual «no hay margen de maniobra alguno, por lo que la única solución que cabe, dado el volumen de turistas que se aloja en esta oferta (ver gráfico adjunto) que es ahora ilegal, es regularizarla».
El informe elaborado por Apturbaleares concluye que la única vía es la regularización, «puesto que no sólo permitiría una recopilación de datos más exhaustivos de cara a estudios estadísticos sobre el turismo en Balears, sino que permitiría una recaudación de ingresos adicionales a la CAIB y daría, además, una cobertura jurídica a todos aquellos profesionales que actualmente actúan fuera del marco legal».