Después de mucho tiempo de reivindicación el Consell d'Eivissa lo ha conseguido. El Govern balear ha incluido en la Ley de ordenación y uso del suelo (LOUS) aprobada ayer y que ahora iniciará su trámite parlamentario un proceso extraordinario para poder regularizar construcciones en suelo rústico cuya ilegalidad haya prescrito y no se puedan derribar. Pese a que no hay cifras oficiales de cuántas viviendas puede haber en esta situación en Eivissa, el Col.legi d'Arquitectes las cifró en alrededor de mil. En Mallorca hay 30.000.
Según defendió ayer el Ejecutivo autonómico, se trata de algo reclamado por «muchas administraciones locales y por entidades representativas» y será cada consell el que desarrolle el proceso. Así, las instituciones insulares podrán abrir un proceso extraordinario de legalización que tendrá una duración de tres años y permitiría regularizar edificios, básicamente de usos agrarios y viviendas, por medio de un proceso municipal en el que el propietario pagaría, además de los gastos ordinarios, entre el 15% y el 25% del coste de la ejecución material, según el año en el que se legalicen (15% el primer año, 20% el segundo y 25%el tercero). No se pueden acoger a esta medida las edificaciones que se levantaron en suelo protegido y aquellas que se encuentran en áreas protegidas por la Ley de Espacios Naturales (LEN) tendrán que acreditar su existencia antes de marzo de 1991.
Satisfacción
El conseller insular de Territori, Mariano Juan, se mostró satisfecho por la inclusión de esta reivindicación y recordó que así se da cumplimiento a un compromiso electoral y «se recupera en la práctica la plena vigencia del Plan Territorial Insular (PTI)». «Las viviendas que se encuentran en esta situación no se pueden legalizar, con los problemas que ello comporta a la hora de hacer el mantenimiento, conexiones, etc, pero tampoco se pueden derribar, al haber prescrito la infracción; era necesario dar una solución que, además, comportará el pago de una compensación a los ayuntamientos», indicó Juan.
Finalmente no se han incluido otras cuestiones que también solicitaba el Consell d'Eivissa, como que se pueda autorizar la agrupación de edificaciones en suelo rústico si ello contribuye a la reducción del impacto sobre el territorio o que la zona de protección de costas cuente a la hora de contabilizar la superficie mínima para construir una vivienda. Sin embargo, Juan restó importancia a esto e indicó que ya se incluirá en la próxima ley del suelo rústico. Lo primordial era que se incluyera lo de las viviendas con infracción prescrita, porque si no no les hubiera dado tiempo de abrir un período de regularización. El conseller explicó que no han calculado cuánto dinero pueden ingresar los municipios con esta medida, porque tampoco saben la gente que se acogerá. Eso sí, indicó que hay muchos propietarios que están esperando a legalizar para poder hacer segregaciones y reparticiones. Indicó que un 25% puede resultar una cuota cara, pero recordó que son viviendas «sin licencia y no legalizables».