La pesadilla para los inquilinos del número 9 de la Avenida de España de Vila comenzó en 2005 cuando un vecino que estaba alquilado en una de las viviendas presentó una denuncia al Ayuntamiento alegando que el edificio se encontraba en ruinas y que corría peligro de venirse abajo. Desde entonces se inició un largo proceso con varios juicios y alegaciones que continua, ocho años después, con una orden del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Palma avisando a los vecinos que tienen diez días para presentar un recurso contra la decisión del consistorio de desalojarlos de forma temporal.
Pero no va a ser fácil. «Si el Ayuntamiento nos dice cuánto tiempo tenemos que irnos para llevar a cabo las obras nosotros no tenemos ningún problema en dejar las viviendas, pero si no es así, volveremos a alegar y no será tan fácil echarnos», advierte de forma firme Miquel Ramon, dirigente de Esquerra Unida en Eivissa y uno de los principales afectados al tener el partido su sede en el 2º2º.
Según el Consistorio el bloque está en ruina y necesita ser consolidado. Sin embargo, Ramon considera que «exageran» y que sólo hay que arreglar algunos voladizos cuyo techo se cae «de vez en cuando» al suelo. «No hay un problema estructural sino deficiencias que llevan aquí desde que se construyó el edificio y que podrían ser arregladas por unos técnicos municipales en apenas unos días colocando unas redes y una capa de yeso». En este sentido, el exconseller de Política Territorial y Paisajística de Eivissa pone como ejemplo una grieta que se puede contemplar en la escalera principal. «El arquitecto municipal asegura que es un problema de asentamiento y que el edificio corre riesgo de venirse abajo pero lo cierto es que a pesar de que nadie ha hecho nada por venir a arreglarla ésta no ha crecido desde 2005 y la casa no se ha venido abajo».