Los diez trabajadores del yate Fortuna tendrán que ser indemnizados con 1,2 millones de euros por Patrimonio Nacional y la empresa que encubría su contratación por el Estado. El TSJB da la razón a la tripulación del yate y sentencia que existió durante años una cesión ilegal de trabajadores por parte de la empresa Unión Naval Valenciana a favor de Patrimonio Nacional.
La sentencia de la Sala de lo Social indica que el papel de la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del yate era «meramente formal» y añade: «Ponía a dichos trabajadores, como tripulantes del yate, a disposición de Patrimonio Nacional, quien aprobaba el presupuesto anual de funcionamiento del barco, incluida la masa salarial de los mismos, bajo cuyo círculo organizativo prestaban sus servicios, prestando sus servicios por cuenta y dependencia de dicho organismo público».
Los diez trabajadores llevaban la mayoría de ellos más de una veintena de años a bordo del Fortuna. La empresa adjudicataria había obtenido el concurso en 2011. La renuncia del Rey al uso de la embarcación llevó a que en el mes de junio de este año, la adjudicataria les despidiera al no disponer de otro lugar donde ocuparlos. La indemnización era de unos veinte días por año trabajado. Sin embargo, los empleados presentaron una demanda por despido improcedente basándose en que ellos, en realidad, trabajaban para Patrimonio del Estado.
En el juicio, tanto la Abogacía del Estado, como la empresa y los trabajadores alcanzaron un acuerdo a medias que sólo afectada a los hechos que las partes consideraban probados y a la cantidad que iban a recibir. Faltaba por delimitar quién tenía que pagar esa cantidad y ahora serán las dos entidades quienes afronten el pago de forma solidaria.
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