El Ayuntamiento de Sant Antoni remitió ayer un comunicado para anunciar que «pese a no tener ninguna notificación oficial» de la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un año y medio de prisión al aparejador municipal, Miguel Ángel Martí Miralles, «los servicios jurídicos están estudiando las consecuencia que el contenido de esta resolución judicial, que no es firme, pudiera tener sobre el régimen disciplinario del funcionario en cuestión». «El Ayuntamiento está iniciando el expediente disciplinario correspondiente», anunció la institución, sobre el técnico acusado de un delito continuado de prevaricación urbanística.
El comunicado de Sant Antoni resalta que el Consistorio «no era parte en el procedimiento al que se refieren las informaciones aparecidas en prensa» y reitera que el conocimiento de la sentencia «ha llegado al Consistorio de forma extrajudicial, en ningún caso oficial».
Asimismo, remarca que fue la junta de gobierno del 29 de abril de 2008 la que decidió enviar al Consell el expediente de la licencia de la vivienda ilegal ubicada una zona protegida de Sant Mateu para que la Ciotupha «emitiera informe vinculante, pese a que había un informe técnico que decía que no era necesario». «Fue por iniciativa propia del Consistorio pedir el informe vinculante al Consell, un informe que dio lugar a posteriori a la investigación de Fiscalía», destaca la institución.