El juicio por la mansión de Cretu se cierra con el mismo guión con el que empezó: los políticos defienden que no sabían que obraban mal, los promotores que tampoco y en medio queda el aparejador municipal que es el único que se enfrenta a una pena de ingreso real en prisión y que mantiene que no hubo delito.
En la última sesión de la vista -que otra vez regresó a Palma- la Fiscalía mantuvo en lo esencial sus peticiones iniciales. Acusa al exalcalde de Sant Antoni Antonio Marí Tur y a su exconcejala de Urbanismo Blanca Castiella de aprobar una licencia a medida para el músico rumano Michael Cretu para que constuyera «la mansión que soñaba». Para ellos solicita penas de multa e inhabilitación por un delito de prevaricación en la concesión de la licencia en 1997.
El músico y su arquitecto, José Torres Torres, responden por un delito contra la ordenación del territorio por el que se les solicita por las acusaciones ocho meses de prisión. El aparejador municipal, Miguel Ángel Martí, se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y, además de un delito de falsedad, las acusaciones introdujeron ayer otro de prevaricación en su contra. La acusación popular, que ejerce el GEN-GOB tuvo que sumarse íntegramente a lo que solicita la Fiscalía, después de que la Audiencia Provincial vetase su escrito de acusación definitivo porque incluía un delito contra el medio ambiente por el que no se había abierto juicio oral.