El último fleco del ‘caso Formentera', la supuesta trama de captación de votos entre emigrantes sudamericanos con raíces baleares orquestada por el PP, quedó ayer visto para sentencia quince años después y tras un recorrido por juzgados de instrucción de Eivissa y Palma, el TSJB y el Tribunal Supremo. Ningún alto cargo del Govern presidido entoces por Jaume Matas fue condenado por los hechos investigados después de que el TSJB archivara la causa en 2005.
Tres funcionarios –Rosa Grijalba, Ángel Gallego y Joan Fortuny– se sentaron en el banquillo de los acusados por formar parte de la comisión de selección para cubrir, en 1998, con Matas al frente del Ejecutivo, una plaza laboral de técnico de traducción en el Institut Balear de Desenvolupament Industrial.
Según la Fiscalía de Balears, representada en el juicio por Julio Cano, la plaza fue adjudicada de forma totalmente irregular a María de la Pau Segura por «instancias superiores del Govern» tras una falsa entrevista con ella, que no se celebró porque la candidata se encontraba en Argentina. Además, afirmó que los acusados tenían «la intención de otorgar, directamente y sin sujeción a condición alguna, la plaza ofertada a María de la Pau Segura».
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