El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) denunció ayer que el Ayuntamiento de Sant Antoni, presidido por la alcaldesa Pepita Gutiérrez, «acaba de presentar una nueva muestra de lo que se considera que tiene que ser el urbanismo en este municipio, hecho a la carta de intereses concretos y el más alejado posible de los más elementales principios de sostenibilidad social, económica y ambiental».
Mediante un comunicado, los ecologistas aseguraron que «si las Normas Subsidiarias (NNSS) actualmente en tramitación son ya un ejemplo de irracionalidad al servicio de la especulación urbanística pura y dura, ahora parece que esto no es suficiente ni puede esperar una modificación puntual del vigente PGOU, que se tramita en estos momentos, porque parece que es ‘urgente', según el cual en casco urbano de Sant Antoni se permitirá que se instalen grandes superficies comerciales de hasta 25.000 m2». «Esto supone multiplicar por cinco el máximo permitido hasta ahora, pasando de 0'5 Has. de superficie máxima permitida por este uso a 2'5 Has», remarcó el GEN.
El grupo ecologista detalló que instalación de grandes superficies comerciales en Eivissa «ha supuesto en los últimos años la desaparición de un número muy importante de pequeños comercios, con la pérdida económica que esto supone por la Isla, dado que los beneficios que genera el pequeño comercio revierten en la población local, mientras que los que generan las grandes superficies son dinero que directamente salen de la isla para no volver». «Además, la supuesta creación de lugares de trabajo que se menciona al proyecto de modificación del PGOU no es tal, puesto que provocan directamente la desaparición de los lugares de trabajo a los comercios que se ven obligados a cerrar por la competencia inasumible que suponen las grandes superficies que, además, a menudo sólo generan lugares de trabajo precarios y mal remunerados», añadió el GEN.