La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears condena a la UTE Giref, encargada de gestionar el vertedero de Ca Na Putxa, a pagar más de diez millones de euros a la propiedad de los terrenos donde se ubica el vertedero, es decir a Herbusa, al considerar que las fincas expropiadas debían ser valoradas como industriales y no como forestales, según informó ayer el Consell d'Eivissa. Esto significa que el TSJB duplica el precio abonado en un principio por la expropiación de estos terrenos.
Esta sentencia hace referencia a un recurso interpuesto por los anteriores propietarios de los terrenos y empresa del antiguo vertedero, al estar en desacuerdo con el precio que se fijó en su momento por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en 2010. En concreto, la sentencia hace referencia a un contencioso sobre tres de las ocho fincas del vertedero, además de la actividad.
En 2010, cuando se fijó el precio [que fue posterior a la ocupación de los terrenos y la reforma del vertedero] se valoró en 4,46 millones de euros (988.621 euros por los terrenos, que fueron valorados como forestales, y cerca de 3,5 millones de euros por la actividad). Herbusa, que actualmente también se encuentran dentro de la UTE Giref, reclamó que estas fincas se valorasen como industriales y no como forestales, entre otras peticiones. Por todo ello, solicitaban una indemnización de cerca de 200 millones de euros.
Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha admitido esta reclamación en parte, atendiendo a un informe pericial que establece un justiprecio que asciende a 10.064.153,29 euros. De esta forma, la sala considera que a pesar de que los terrenos deben seguir valorándose como forestales, estos deben contar con un precio de 9,78 euros por metro cuadrado. En su día, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa estableció que el metro cuadrado debía ser pagado a 3,24, 3,38 y 3,43 euros, dependiendo de la finca de que se tratase. Asimismo, en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears también establece que se debe incrementar el precio de la actividad pasando de los 3,4 millones que se pagaron a los 6,951.002,72 euros, el doble del precio inicio.