El equipo de gobierno de Santa Eulària rechazó ayer la moción de PSOE-Pacte, que pedía una revisión de oficio de la licencia otorgada al aparcamiento subterráneo del Passeig de la Pau y la resolución del contrato con el adjudicatario. Según defendió el concejal de Urbanismo, Mariano Juan, «la licencia está bien otorgada» y lo que falló fue la gestión de la empresa, y por eso se secuestró la concesión. Además, Juan acusó a los progresistas de no pensar «en las consecuencias» que conllevaría resolver la contrato. «¿Quién paga los seis millones que ha costado el edificio?», cuestionó el edil.
Juan respondió así a la moción presentada por el concejal socialista Miguel Padial, quien considera que hay «una serie de irregularidades» que pueden llevar al Consistorio a retirar la licencia, dado que se concedió a pesar de los «innumerables incumplimientos de la concesionaria que han quedado acreditados en informes posteriores». Entre otras cosas, también cuestionó que se esperara «dos años para iniciar el expediente de penalidades» y que se hayan comprado 23 parkings por parte de la empresa pública, Emser XXI, cuando la instalación no estaba en condiciones. Para Padial, el equipo de gobierno debería demandar a la empresa por una supuesta venta fraudulenta de plazas. Por último, también denunció que a día de hoy la empresa no ha pagado la licencia de apertura por un importe de más de 200.000 euros.
En medio de acusaciones de «medias verdades y falsedades», el concejal de Hacienda, Pedro Juan Marí Noguera, le recordó que esta licencia se compensó por obras mejora (que en realidad la empresa no llegó a realizar en su totalidad) y que PSOE-Pacte votó a favor. «Estás creando falsas verdades, nos estás acusando de beneficiar a un concesionario», le espetó el edil.
«Secuestrar la concesión es una medida de fuerza importante, no conocida aquí en la Isla», defendió por su parte el concejal Mariano Juan, que insistió en la correcta concesión de la licencia y el riesgo de una indemnización millonaria, y aseguró que la consecuencia de anular el permiso sería el cierre del parking «y que les den morcilla a los 4.000 coches que entran cada mes o a los 80 parkings que están en venta en propiedad», añadió.