La Infanta Cristina lleva casi 28 meses apartada de facto de la agenda oficial de actos de la Familia Real, a pesar de que la Casa del Rey ha manifestado que está convencida de su inocencia.
El 12 de diciembre de 2011 fue la última vez que se vio a los duques de Palma representando a la Corona en un acto institucional. Fue durante los actos de celebración de la Fiesta Nacional, cuando asistieron junto al resto de la Familia Real al tradicional desfile militar y a la posterior recepción en el Palacio Real.
Entonces aún vivían en Washington, donde Iñaki Urdangarin trabajaba como directivo de Telefónica. Apenas un mes después de la celebración del Doce de Octubre, estalla el escándalo en torno a los negocios supuestamente fraudulentos que entabló Urdangarin con las Administraciones balear y valenciana.
Aunque las primeras denuncias sobre la supuesta irregularidad de los contratos firmados con Nóos con estos dos Gobiernos regionales datan de 2006, los registros del 4 de noviembre de 2011 situaron el caso Nóos en las primeras portadas de los periódicos.
En ese momento empezó un «martirio» para la Casa Real, en palabras del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, con revelaciones casi a diario en los medios de comunicación en torno a los presuntos chanchullos del duque, pero también con correos electrónicos de carácter más íntimo.
En respuesta a la presión de la opinión pública ante este escándalo, Zarzuela anunció en diciembre de 2011 que Urdangarin quedaba apartado de la agenda oficial de la Familia Real por haber tenido un comportamiento «no ejemplar» en los negocios que emprendió. ¿Y la Infanta?, preguntaron entonces los periodistas. «Ya veremos», contestó Spottorno.
Lo cierto es que la Infanta, al igual que su marido, permanece alejada de la agenda de la institución desde el 12 de octubre de 2011. Tan solo se ha dejado ver con su familia en actos de carácter privado, como las visitas a su padre en el hospital.
Visita inoportuna
En una de estas visitas, tras la primera operación de la cadera izquierda del Rey en noviembre de 2012, los duques de Palma se presentaron en el hospital, donde coincidieron con la Reina, los Príncipes de Asturias y la Infanta Elena.
Esa aparición de ambos se interpretó como una especie de perdón al duque. Aunque en un primer momento Zarzuela intentó distinguir entre los actos oficiales de la Familia, de los que Urdangarin había sido apartado, de los estrictamente familiares, días después la institución sacó a Urdangarin de su página web para «marcar distancias» de nuevo con el yerno del Rey. Zarzuela reconocía que esa visita al hospital había sido un error porque había confundido a la ciudadanía.
A partir de entonces, la Infanta ha vuelto a visitar a su padre en el hospital en las tres operaciones siguientes a las que se sometió en 2013 (una de columna y dos de cadera) pero siempre lo ha hecho sin su marido.
Las apariciones públicas de la Infanta se han limitado así a actos familiares, aunque hubo una excepción en junio pasado: la misa conmemorativa del primer centenario del nacimiento de su abuelo, Don Juan, conde de Barcelona, al que asistieron los Reyes, los Príncipes, la Infanta Elena, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios de sus ministros. Un acto familiar, pero al mismo tiempo institucional.
La Infanta no es Urdangarin
A lo largo de toda la investigación del caso Nóos, Zarzuela ha marcado diferencias claras entre Urdangarin y la Infanta. Si al primero lo ha ido desvinculando poco a poco de la institución (primero anunció que quedaba apartado de la agenda por su comportamiento «no ejemplar», después le sacó de la página web), ha cerrado filas en torno a la Infanta Cristina.
Y lo ha hecho porque el propio Rey se ha implicado en su defensa, y consensuó con su hija la elección de sus abogados, el exsecretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Miguel Roca, amigo del monarca desde los tiempos de la Transición y ponente de la Constitución, a quien apoya el abogado penalista Jesús María Silva.
Nada que ver con lo que ocurrió tras la imputación de Urdangarin, quien eligió a un abogado de su confianza, Pascual Vives, sin que Zarzuela interviniera en esa decisión. Las diferencias que ve Zarzuela entre una imputación y otra se podrían resumir en las siguientes: que la Infanta es la hija del Rey, que Zarzuela cree en su inocencia y que por tanto considera injusta su imputación.
De ahí que la Casa Real reaccionara de forma bastante inusual tras conocer la decisión del juez Castro de citar a declarar a la Infanta Cristina como imputada por vez primera en abril de 2013.
A través de una declaración leída por un portavoz de la institución a las agencias de noticias, Zarzuela expresó su «sorpresa» por el «cambio de posición» del juez José Castro -que en un auto anterior había rechazado imputar a la Infanta- manifestó su «absoluta conformidad» con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir el auto y reconoció su malestar por haber conocido la noticia a través de los medios de comunicación.
En el entorno de Zarzuela se consideraba que no había habido ningún dato o información nueva que justificase la imputación de la Infanta respecto de los datos que el juez ya conocía en marzo pasado, cuando se mostró en contra de imputarla.
Núcleo central
La Infanta Cristina no forma parte del llamado «núcleo central» de la Familia Real, reservado a los Reyes y los Príncipes, los únicos que viven exclusivamente de los presupuestos que el Estado reserva anualmente para la Casa Real.
Es la séptima en el orden de sucesión al trono por detrás de su hermano, el Príncipe Felipe; sus hijas, las Infantas Leonor y Sofía; y la Infanta Elena y sus hijos, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán.
Aunque se ha especulado en torno a la posible renuncia de la Infanta Cristina a sus derechos dinásticos, en Zarzuela repiten que se trata de una decisión que depende únicamente de ella. En todo caso, Doña Cristina no ha dado muestras de querer dar un paso así. Desde un punto de vista estrictamente estratégico, tampoco parece el mejor movimiento para alguien pendiente de que un juez decida si la procesa o no.