La rescisión del contrato de concesión del complejo deportivo Can Coix costará al Ayuntamiento de Sant Antoni casi el doble de lo establecido en el preacuerdo que había alcanzado con el administrador concursal de la empresa Serprosport. La cantidad final a abonar por las inversiones realizadas será 315.000 euros y no 190.000, como se había previsto en un principio. Aún así, el concejal de Deportes, José González, aseguró ayer que la empresa «no se llevará ni un duro del Ayuntamiento» y que el dinero se destinará a los trabajadores, para pagar sus retenciones de impuestos y cuotas de la seguridad social adeudadas, así como las indemnizaciones por despido (serán subrogados) y parte de los salarios atrasados.
Esta es la principal novedad del caso Can Coix, que ayer vivió un nuevo capítulo en el pleno extraordinario solicitado por PSOE-Pacte para preguntar todas las cuestiones relacionadas con la resolución del contrato. El portavoz de los progresistas, Josep Marí Marge, exigió la renuncia del concejal de Deportes, así como del gerente de Can Coix, Jordi Bonet, por la gestión de este conflicto. Para PSOE-Pacte, se ha intervenido tarde y mal, a pesar de que «los incumplimientos que comenzaron en 2012», según destacó la concejala Laura Carrascosa. La edil progresista acusó al PP de haber dado a esta empresa «un trato de favor como a ninguna otra cuando ha sido la que ha perjudicado a usuarios, trabajadores y escolares», criticó Carrascosa.
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