La Asociación de Transporte Discrecional de Eivissa y Formentera pide al Ayuntamiento de Sant Antoni que modifique la ordenanza municipal de tráfico, circulación y seguridad vial que aprobaron en el año 2012 porque, según explican, «favorece al transporte ilegal en detrimento del legal».
«Han creado una zona de exclusión dentro del casco urbano de Sant Antoni y todo lo que es bahía donde los buses discrecionales no pueden pasar y esto coarta la movilidad de la gente, que demanda algún tipo de transporte y como no hay oferta legal recurren a la ilegal. Allá donde no está llegando la oferta legal está la ilegal», explicó Rodrigo Medina, vocal de esta asociación, quien apuntó que han mantenido varias reuniones con los concejales de Gobernación y Movilidad para expresarles su malestar. «Nos comentan que es una ordenanza que responde a una petición de los comerciantes para que la gente transite dentro del municipio. Lo que ocurre es que no multan a los ilegales porque éstos instruyen a los turistas para que digan que no han pagado, que son amigos y que es un particular, mientras que la Policía nos multa a los legales por entrar a dejar clientes en el centro del pueblo», precisó Medina, quien destacó que la multa es de 200 euros.
El documento
Esta ordenanza establece que «los buses de transporte discrecional únicamente podrán dejar y tomar viajeros en los espacios expresamente habilitados y señalizados para este fin en la parada de autobuses de Sant Antoni. Se exceptúan de la previsión anterior los autobuses de transporte escolar y sanitario». Si el transporte es discrecional de viajeros con equipaje «cuyo destino u origen sea algún establecimiento de hostelería del municipio podrán dejar y tomar viajeros en los puntos de encuentro en los puntos que por resolución de Alcaldía se determinen». En este sentido, el concejal de Movilidad de Sant Antoni, Paco Montilla, explicó que esta ordenanza empezó a trabajarse en febrero de 2012, se aprobó en pleno y que en agosto de ese mismo año entró en vigor tras superar un periodo de alegaciones en el que los transportistas, según apuntó, no hicieron ninguna aportación al documento.
Señaló, además, que la ordenanza se consensuó con comerciantes y hoteleros. «Los comerciantes nos decían que muchos pasajeros llegaban en bus a la zona de la bahía a ver la puesta de sol y a participar en las pre-parties. Cuando esto concluía se volvían a subir en los buses y se iban del pueblo. Es decir, traían gente a Sant Antoni, pero no se movían por el pueblo. Además había muchísimas quejas y denuncias de vecinos de que estos buses cuando iban a buscar a los turistas se quedaban esperando a que llegaran con el motor encendido y hacían mucho ruido y no hablamos de un solo bus sino siete o diez a la vez en el mismo sitio. Además del atasco que generaban y del colapso de tráfico en zonas, por ejemplo, como la avenida doctor Fleming», explicó Montilla, quien destacó que la ordenanza limita al transporte discrecional «de ocio».
Montilla precisó que «un sector de los transportistas» les había hecho llegar la propuesta de instalar «un punto disuasorio en la zona de ses Variades, pero esto urbanísticamente no es posible». En este sentido negó que el Ayuntamiento esté favoreciendo al transporte ilegal y destacó que las tendencias de los viajeros han cambiado en el sentido de que muchos «optan por ir por libre y alquilar un coche para moverse en lugar de contratar el transporte con el hotel», concluyó.