El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) ha acusado este viernes a la Delegación del Gobierno en Balears de dejar que prescriban las actas sancionadoras por intervención de droga que abren los agentes sin llegar a imponer multas, por falta de previsión, inoperancia y parsimonia en su tramitación.
La entidad ha alertado en un comunicado de la existencia de más de 2.000 actas por aprehensión de estupefacientes de la Policía Nacional pendientes de tramitación por parte de la Delegación del Gobierno que están «a punto de prescribir», circunstancia que hace que «el esfuerzo de los policías para eliminar la presencia de droga en la vía pública se vaya al traste y su labor caiga en saco roto».
Según UFP, esta circunstancia se debe a la falta de personal en el área de Sanidad y Farmacia de la Delegación del Gobierno, donde aseguran que durante todo el verano solo ha habido un funcionario, dotación que hace «imposible dar trámite al volumen de actas» que se generan.
El sindicato ha explicado que cuando un policía realiza una aprehensión de droga, levanta un acta, propone que se sancione y remite la documentación y la droga intervenida al área de Sanidad y Farmacia de Delegación de Gobierno de Balears donde se analiza y se pesa la sustancia para confirmar que es ilegal.
Si se confirma que es droga, los cuerpos de seguridad envían una solicitud a la Delegación del Gobierno para que se proceda a imponer una multa. «Es en esta fase de recepción del área de Sanidad donde se ralentiza el proceso, de tal manera que prescriben los plazos y el procedimiento de sanción es nulo de pleno derecho», asegura el sindicato.
UFP ha denunciado además que, ante esta situación, el Jefe Regional de Operaciones de Balears ha ordenado que agentes de la Unidad Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de «dejen sus labores especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado para ejercer labores meramente administrativas de recepción de las referidas actas».
Según el sindicato, esta orden ha supuesto «prescindir del 30 % de los policías que componen el grupo de investigación» y está siendo estudiada por el gabinete jurídico de la UFP porque «interfiere directamente con las labores propias que deben de desarrollar los policías según la legislación vigente».
El sindicato policial culpa a la Delegación del Gobierno en Balears de falta de previsión y absoluta inoperancia al generar una situación que resta autoridad a los agentes en la lucha contra el narcotráfico.
En este caso, no procede hablar de déficit de financiación. En efecto, se trata de funcionarios del Estado español y pagados por éste.