El Consell d’Eivissa ya ha recibido el informe del Ministerio de Cultura para conocer si las obras de la fachada marítima tienen afectación patrimonial, tal y como denunció la demarcación de arquitectos de Eivissa y Formentera, quienes defienden que el puerto se encuentra en la delimitación del conjunto históricoartístico de la ciudad de Eivissa proclamada por el decreto 307/1969.
Tras conocer que estos profesionales estaban dispuestos a ir a los tribunales si hacia falta para demostrar que estos trabajos afectaban al patrimonio, la máxima institución insular solicitó a la Autoritat Portuària de Balears (APB) retrasar el inicio de las obras hasta conocer de mano del Ministerio de Cultura si las obras se podían hacer sin afectar a zonas protegidas el puerto.
La respuesta llegó ayer, según informó el Consell d’Eivissa: «Las instalaciones del puerto de Eivissa no están incluidas dentro del área del conjunto históricoartístico e la ciudad de Eivissa». En este sentido, la respuesta argumenta que las declaraciones de conjunto históricoartístico realizadas antes de la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español «se restringen esencialmente a los centros históricos» y «no contemplan entornos de protección, que son figuras de reciente creación y todavía no muy definidas en cuanto se refiere al alcance de las actuaciones en dichos entornos». La respuesta continúa diciendo que del propio decreto de protección del conjunto históricoartístico de la ciudad de Eivissa «se desprende que el conjunto histórico se dirige a la protección jurídica de la ciudad fortificada y el entorno de Puig des Molins, que ya en 1969 comprendía el museo de titularidad estatal y la necrópolis púnica». En este sentido especificaron que la existencia de «determinados elemenso historicistas en el puerto» no significa «a priori» que deban ser considerados como incluidos en el conjunto histórico.
«De hecho, el puerto de Eivissa no es conjunto histórico y no está declarado expresamente como Bien de Interés Cultural en todo su conjunto». En este sentido, la respuesta especifica que «en cualquier caso, su afección a una categoría de protección jurídica correspondería al Estado».
El Consell d’Eivissa informó ayer que transmitirán esta respuesta a la APB, que retrasó el inicio de las obras de la fachada marítima hasta conocer si había afectación patrimonial. Sin embargo, el presidente Vicent Serra consideró ayer que se deben tener en cuenta las recomendaciones de los técnicos de la Ponencia Técnica de Patrimonio «a la hora de concretar algunos detalles finales de la obra de la fechada marítima del puerto de Vila».
Cabe recordar que el presidente de la APB, Alberto Pons, explicó el viernes en Eivissa que este informe de Cultura no es vinculante y recordó que se trata de zona de uso portuario. «La tramitación ha sido correcta y todo se ha hecho de acuerdo con la legalidad. Los trabajos se han hecho de manera exquisita. La APB está muy tranquila en este sentido», recalcó Pons en su última visita a Eivissa.