Santa Eulària aplicará una tasa de 410 euros anuales a las entidades financieras por cada cajero automático que haga uso de la vía pública, es decir, con acceso directo desde la calle. El pleno del Ayuntamiento acordó ayer por unanimidad la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que regula esta tasa y que convertirá a la Vila del Río en el primer municipio de la isla en poner en marcha esta medida. La votación contó con la ausencia justificada del concejal de ExC, Mariano Torres, que fue el promotor de esta iniciativa.
Sentencias
El concejal de Hacienda, Pedro Juan, explicó que este nuevo gravamen se cobrará después de que diferentes sentencias del Tribunal Supremo hayan avalado su aplicación, al considerar que los bancos hacen uso de la vía pública para obtener un beneficio económico. «Los bancos alegaban que los cajeros están dentro de la sucursal y que, por tanto, no debían pagar, no obstante las sentencias dejan claro que las entidades se aprovechan de la vía pública para realizar un servicio privado», manifestó Juan, que matizó que la recaudación «no será importante, pero se cobrará».
El concejal detalló que la ordenanza se remitirá ahora al BOIB (Botlletí Oficial de les Illes Balears) y «después de realizar las tramitaciones será aprobada definitivamente si no hay alegaciones».
En el pleno también se dio el visto bueno a la modificación del programa de recogida de residuos para el año 2014. El equipo de gobierno defendió que los cambios permiten «adaptar el servicio de limpieza a la nueva realidad del municipio» como el paseo de s'Alamera y la plaza de España después de su conversión en peatonal. Además, se incrementa el uso de una barredora especialmente útil para temas de limpieza de aceras, más contenedores y se incorpora la recogida selectiva de envases ligeros para grandes productores.
Por otra parte, se aprobó una propuesta para construir unas pistas de pádel en s'Olivera y el PSOE-Pacte retiró su moción sobre el uso de los locales situados sobre el párking subterráneo. En este caso, atendieron la petición del equipo de gobierno para que esta cuestión se estudie dentro de la comisión específica del párking, debido a la complejidad jurídica de los locales que, en un caso, no están recepcionados pero sí acabados, y en otro por formar parte de la concesión.
El Ayuntamiento, además, dio cuenta del informe de tesorería referente al pago de proveedores del tercer trimestre de este año. El período de pago ha sido de 25,14 días, con 2.329 pagos efectuados por un valor de 4,94 millones. Las facturas pagadas fuera de plazo han sido 316, con un retraso respecto al máximo legal de 30 días de 10,85 jornadas y con un importe total de casi 604.000 euros.
El equipo de gobierno pide a la oposición que también presione
Durante el pleno celebrado ayer en Santa Eulària, el PSOE-Pacte reclamó el traslado del ciclo de FP de Trabajos Forestales y Conservación del Medio Ambiente, que ahora se lleva a cabo en el Institut Xarc, al centro de Can Marines. El alcalde Vicent Marí recordó que es una reivindicación que se ha realizado en numerosas ocasiones, pero que depende del Consell, que gestiona las instalaciones, y del Govern, que cuenta con las competencias. “Pido que desde vuestro grupo también presionéis”, sorprendió Marí. “Está bien que pidáis a la oposición cosas que tiene que hacer el equipo de gobierno”, respondió el portavoz socialista, Vicent Torres.
Desde el PSOE-Pacte también solicitaron establecer transporte escolar entre Es Canar y Santa Eulària, ya que al finalizar la temporada turística se cancela la línea regular que une estos dos puntos.
EL APUNTE
Tagomago, en concesión integral
El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, aseguró en el pleno que había mantenido recientemente una reunión con el director de la Demarcación de Costas, Gabriel Pastor, para trasladarle la intención del Ayuntamiento de conseguir una concesión integral de todos los usos de Tagomago para «evitar un uso inadecuado de las instalaciones». «Creemos que se tiene que analizar en su conjunto», consideró Marí, que reiteró que descartan ceder la gestión a terceros.
La concejala de Medio Ambiente, Antonia Picó, recordó que los técnicos están analizando la situación y trabajando para estudiar qué figura de protección se da al islote. «La voluntad del ayuntamiento es que no se privatice», aseveró.
Respecto a la solicitud de dos pescadores de una concesión para la caseta varadero situada junto al quiosco de la isla, Picó aseguró que sería ideal destinar las instalaciones para la actividad pesquera.