La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (Proinba) asegura que hay más de una veintena de proyectos inmobiliarios paralizados «por culpa de la Adminstración» en toda Balears, que suponen una inversión de más de 300 millones de euros. De esta cifra, cuatro corresponden a Eivissa y Formentera, que se traducen en más de 20 millones de euros.
El presidente de esta asociación profesional, José Luis Guillén, apuesta por anular los plantes territoriales insulares y así agilizar el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos. «Quiero concienciar a los Consells de que deben dejar trabajar a los ayuntamientos para que se pongan las pilas y agilicen sus planeamientos urbanísticos que en la actualidad no se adaptan a los PTI.
Los promotores me hacen llegar los problemas burocráticos generados por la propia administración. Paralizar los proyectos significa encarecer el precio del suelo», precisó Guillén, quien advirtió de una nueva burbuja inmobiliaria en las Pitiüses.
Burbuja inmobiliaria
«Si no se califica el suelo, automáticamente se crea una demanda superior a la oferta y el suelo va subiendo de precio. La solución pasaría porque los ayuntamientos califiquen el suelo necesario para poder atender la demanda que se prevé en un futuro.
En Eivissa ciudad, por ejemplo, es uno de los puntos donde más demanda hay, pero hay menos suelo disponible», afirmó Guillén, quien tiene claro que «para evitar la especulación con el suelo hay que calificar el triple de lo que se califica porque si no, el que tiene un solar tiene una joya, y lo que hay que tener claro es que con la vivienda no se puede especular».
Por otra parte, el presidente de Proinba criticó la «elevada» carga fiscal que debe soportar el comprador de una vivienda y que, según sus cálculos, asciende al 25%. En este sentido destacó que se engloban diferentes impuestos, algunos de los cuales se han incrementado en los últimos años.
El representante de Proinba, que fue reelegido como presidente a finales de noviembre por tres años más, se mostró muy crítico con los políticos y reclamó una «despolitización» de los temas que afecten al suelo y a la vivienda. «Queremos un gran pacto de estado, tan necesario como educación o sanidad», apuntó y recordó que la vivienda es un derecho constitucional «y es posible si se dan las condiciones necesarias».