El Ayuntamiento de Sant Josep respondió ayer a las críticas del PSOE-Pacte, que acusó al equipo de gobierno de haber dejado caducar el expediente sancionador —que contempla una multa de 31.677,40 euros— contra la empresa constructora del auditorio de Es Caló de s’Oli, en Cala de Bou.
Desde el Consistorio recordaron que están a la espera del dictamen sobre la resolución del contrato, en el que se obligará a la adjudicataria a indemnizar a la administración por los «daños y perjuicios ocasionados», por lo que la caducidad del expediente de imposición de penalidades, al que hacen referencia los socialistas, «no supone ningún perjuicio para el Ayuntamiento». En este sentido, recordaron que este expediente se inició a principios del mes de junio y tenía como intención apremiar a la UTE SICE-VGC para que finalizar la obra en el plazo acordado, así como proponer una sanción económica por el retraso acumulado.
Incumplimiento
Fue en agosto, cuando el Ayuntamiento «viendo la escasa actividad en la obra» requirió a la empresa «un mayor ritmo de trabajo», advirtiendo de que en caso contrario y de no finalizar en plazos, «se iniciarían los trámites para la resolución del contrato».
Desde el Consistorio explicaron que en el pleno de octubre, «visto que las justificaciones del retraso eran por causas económicas, se aprobó incoar el procedimiento para la resolución del contrato administrativo por causas imputables al contratista derivadas del incumplimiento del plazo de ejecución», que se remitió al Consell Consultiu.
Dictamen
Según apuntaron, ahora están a la espera de recibir el dictamen, que tal como propone el Ayuntamiento «se obligará» a la empresa a indemnizar a la administración.
El Ayuntamiento de Sant Josep aclaró que el objetivo del expediente de imposición de penalidades «solo tenía sentido para exigir el cumplimiento del plazo del contrato», por lo que les parece «muy sorprendente» que el PSOE-Pacte solo hable de este expediente, que se tramitó en junta de gobierno, y no haga referencia al inicio de expediente de resolución de contrato, que «se aprobó en el pleno de octubre, con la abstención de los socialistas».