La Alianza Mar Blava ha registrado una queja ante la Comisión Europea por la vulneración del Derecho comunitario por parte del Gobierno de España en la tramitación ambiental de los proyectos de prospecciones petrolíferas.
Según han señalado en un comunicado, los hechos denunciados se deben a la actuación del Gobierno en la gestión de las autorizaciones de operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en la parte española de la subregión marina del Mediterráneo Occidental.
En opinión de Mar Blava, el Estado ha ignorado de forma deliberada el ejercicio formal de planificación y programación de hidrocarburos y con ello, su evaluación ambiental estratégica de los efectos sobre el medio ambiente.
Así, han reiterado el incumplimiento de varias normas, como el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, "al no haber sometido el Programa de Exploraciones Acumuladas y el Programa Común de Exploración de Cairn Energy en el golfo de Valencia a un proceso de evaluación ambiental antes de su adopción", según han dicho.
Entre otros, también habrían vulnerado los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
En su escrito de queja, la Alianza Mar Blava pone de manifiesto la necesidad de que la Comisión Europea exija al Gobierno de España el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica de, por un lado, lo que se ha denominado el Programa de Exploraciones Acumuladas y, por otro, del Programa Común de Exploración de la petrolera Cairn Energy en el Golfo de Valencia.
Por lo tanto, solicitan a la Comisión Europea que se inicie un procedimiento de investigación y, tras la tramitación oportuna, se requiera al Gobierno español a realizar una correcta evaluación de impacto de dichas actuaciones.
Programa de exploraciones acumuladas
Actualmente el Gobierno español está tramitando por separado una serie de proyectos de prospecciones petrolíferas en el área balear-levantino-catalán, que prácticamente rodean las Islas Baleares.
Este conjunto de actuaciones es lo que se ha denominado como "Programa de Exploraciones Acumuladas". Según Mar Blava, el Gobierno mantiene una gestión de operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro que, considerada en su conjunto, "supone de facto un verdadero programa de exploraciones sobre la parte española del Mediterráneo Occidental que no han sido objeto de una adecuada y correcta evaluación de conjunto de sus efectos sobre el medio ambiente", han asegurado.
El Gobierno español, han reiterado, está evaluando por separado el impacto ambiental de todos estos proyectos, independientemente unos de otros, a pesar de que todos ellos están interrelacionados pues afectan a la misma zona geográfica y con potenciales efectos sinérgicos.
"Debería hacerse una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, y no evaluaciones ambientales de proyectos separados, como se está haciendo hasta ahora. Con el procedimiento que se sigue actualmente no se puede hacer una verdadera y eficaz evaluación de impacto ambiental", han insistido.
En relación al proyecto de Cairn Energy, desde Mar Blava han denunciado que se está pendiente de la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental "preludio de posteriores fases de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que se pretende con estos sondeos acústicos es elaborar un mapa del subsuelo marino" y así, no "puede hacerse una evaluación fragmentada por fases, como pretende el Gobierno español".
"El objetivo perseguido por el Gobierno de España y por el promotor al fragmentar el proyecto por fases y llevar a cabo su evaluación de impacto ambiental por separado es aislar los efectos e impactos de cada una de las fases de investigación, exploración y explotación, y transmitir la sensación de que las consecuencias serán menores", han concluido.
Además de esta queja a la Comisión Europea, el servicio jurídico de la Alianza sigue trabajando en la denuncia ante la Fiscalía por el incumplimiento del MAGRAMA de su obligación legal de resolver en el plazo que establece la Ley el expediente de los sondeos acústicos de Cairn Energy en el Golfo de Valencia y de adoptar y publicar la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.