El pleno del Ayuntamiento de Vila aprobó ayer por unanimidad la creación –con la ayuda de las entidades financieras– de un censo de viviendas vacías para destinarlas a aquellos deudores que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca mediante la fórmula del alquiler social. Eso sí, tendrán que cumplir tres requisitos: que la vivienda sea la única propiedad del deudor, demostrar que en los cuatro años anteriores se haya producido un descenso en los ingresos de la unidad familiar y que la cuota hipotecaria suponga más del 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la familia.
Otra de las cuestiones aprobadas por todos los concejales, que se reunieron durante diez minutos para consensuar un texto de seis puntos a raíz de una moción del regidor de EPIC, fue solicitar a los bancos y grandes empresas con sucursales en Vila un compromiso social por escrito en el que certifiquen que no están efectuando desahucios, así como su compromiso en no llevarlos a cabo en el futuro. Además, también les piden que informen a los servicios sociales del Consistorio cuando tengan algún cliente en situación de impago que pudiera ocasionarle entrar en un proceso de desahucio. «Estoy muy contento por habernos puesto de acuerdo en un tema tan sensible, pero creo que nos quedamos cortos y podríamos ir más allá en un futuro», comentó Joan Ribas, regidor de Bienestar Social y Vivienda.
Sanciones a bancos
El último punto de la moción aprobada fue pedir al Govern que sancione a las entidades financieras y grandes empresas que tengan viviendas vacías durante más de dos años mediante un nuevo articulado de la Ley de Vivienda de 2010. Un apartado que no contó con el apoyo del PP. «No es viable», apuntó el concejal ‘popular' Àlex Minchiotti.
El Ayuntamiento de Vila ‘premiará' a las entidades financieras que colaboren con el censo publicitando en la web municipal su nombre comercial y sus datos fiscales, y valorará «positivamente en los concursos públicos» la contratación de aquellos bancos que aporten dicho compromiso.
Ibiza Gay Pride
El equipo de gobierno de Vila (PSOE-Guanyem) no quiso comprometer su apoyo a los organizadores del Ibiza Gay Pride para futuras ediciones, como proponía el Partido Popular. «No nos podemos comprometer con algo que desconocemos, no sabemos el impacto económico que ha tenido la primera edición», aseguró la concejala de Turismo y Comercio, Gloria Corral.
Por otro lado, se decidió por unanimidad la redacción de un reglamento que regule las intervenciones en los plenos; instar al Consell d'Eivissa a que instale una parada de autobús frente al polideportivo de es Pratet para los usuarios de la línea de Portinatx; y la creación de una tasa para la utilización de las instalaciones deportivas municipales para la celebración de espectáculos.
También se aprobó una tasa de 401 euros anuales que los bancos tendrán que pagar por los cajeros automáticos que dan a la calle, además de la aportación de 800.000 euros a la empresa Imvisa para la amortización de un préstamo. El Club Náutico de Eivissa también recibió el apoyo del pleno.
En relación a los conciertos en Dalt Vila, el concejal de Cultura, Pep Tur, señaló que su intención es «racionalizar los eventos musicales. Creemos que tenemos que causar menos molestias a los vecinos».