La consellera de Servicios Sociales y Cooperación del Govern, Fina Santiago, ha anunciado en Formentera la creación de un servicio itinerante con técnicos de Eivissa que se desplazarán a la Pitiusa menor para hacer las valoraciones de las personas con discapacidad.
Según han informado desde el Govern, se trata de un servicio que evitará que estas personas se tengan que desplazar a la mayor de las Pitiusas.
La periodicidad de las visitas del equipo, en principio, será quincenal.
Santiago se ha reunido en la isla con el presidente del Consell, Jaume Ferrer, y con la consellera de Bienestar Social, Vanessa Parellada.
En el encuentro se ha hecho también un diagnóstico de los recursos pendientes en materia de servicios sociales y se ha concedido la mejora de servicios ya existentes, junto a la puesta en marcha de nuevos.
Asimismo se ha acordado, mediante la suscripción de un convenio entre las dos instituciones, garantizar la atención a las personas con diagnóstico de salud mental.
Así, se abrirán y concertarán plazas específicas para este colectivo y se empezarán a ocupar, de manera progresiva, plazas concertadas en el centro de día.
En la reunión se ha decidido además que el Govern vuelva a financiar el sueldo del profesional encargado de hacer las valoraciones y el Plan Individualizado de Atención a las personas dependientes y que en 2016 se concierte el Servicio de Ayuda a domicilio como una prestación incluida en la cartera de servicios a la dependencia, permitiendo al Consell de Formentera destinar a otros servicios sociales los recursos económicos que hasta ahora destinaba a este servicio.
En relación con la lucha contra la pobreza, la consellera ha anunciado una nueva aportación económica para la renta mínima de inserción que gestionan los Consells.
Otro compromiso adquirido es la dotación de un recurso de atención profesional las 24 horas del día mientras no se disponga de una residencia.
Tanto la Conselleria como el Consell Insular han mostrado su acuerdo en la necesidad de empezar a trabajar en una normativa propia para regular este servicio de atención a las personas mayores y en que no se puede plantear la construcción de una residencia en la isla mientras no haya una mejora de la financiación.