La Demarcación de Eivissa y Formentera del Colegio de Arquitectos de Balears tiene contabilizados 482 expedientes de legalización de viviendas en Eivissa durante el primer año de la amnistía de edificaciones en suelo rústico al amparo de Ley de Ordenación y Usos del Suelo de Balears (LOUS). Una cifra que supone casi un tercio de las aproximadamente 1.400 viviendas legalizadas en todo el archipiélago balear.
El pasado 5 de junio finalizó el primer año de la aplicación de esta amnistía en la isla de Eivissa. Hasta entonces, la sanción por legalizar una vivienda suponía el 15% del coste de la edificación, además del precio de la licencia, que supone el 5% del total del presupuesto. Por lo que los ayuntamientos ibicencos ingresarán, entre las sanciones y el pago de la tasa, alrededor de 18 millones de euros. Durante el segundo año la sanción aumenta hasta el 20% del coste de la obra –que está reflejado en el proyecto visado por los arquitectos–, mientras que en el tercer y último año de la amnistía será del 25%.
Municipios
Según los datos facilitados por el Colegio de Arquitectos, en el municipio de Sant Josep es donde más proyectos de legalización de viviendas se han presentado, con un total de 199, y seguido por el de Santa Eulària con 96. En cuanto a los tres municipios restantes, los arquitectos tienen contabilizados 85 proyectos en Sant Antoni, 53 en Sant Joan y, por último, 28 en Vila.
Para el presidente de los arquitectos pitiusos, Iván Torres, «es fundamental solucionar el problema de las viviendas ilegales en Eivissa. Nosotros no nos metemos si la multa del 15 o del 20% es pequeña o grande. Nosotros no queremos viviendas ilegales en Eivissa, si se tienen que demoler que se demuelan pero si no, que se les dé una salida». Una de las soluciones que apunta el arquitecto es limitar la construcción de nuevas viviendas en la isla.
«Entiendo que a alguien le pueda parecer que estas regularizaciones sean dramática pero a mí no me vale que los políticos legislen sobre nueva construcción, que es más fácil, que arreglar los problemas que tenemos», señaló Torres, que también señaló que en 2005 se llevó a cabo otra amnistía tras la aprobación del Plan Territorial Insular a la que sólo se acogieron cinco viviendas «a pesar de que no había que pagar ninguna multa».