Después de 14 años luchando por regularizar el alquiler de viviendas vacacionales, asociaciones como la que preside Roberto San Esteban se han topado en las últimas temporadas con otro tipo de fenómeno, mucho más complejo a nivel jurídico y que trae de cabeza a residentes y trabajadores, hoteleros y políticos: la oferta de alojamiento turístico ilegal.
El ánimo especulativo de algunos por los vastos beneficios que este tipo de alquileres genera en los meses fuertes de la temporada, unidos a la falta de personal de los organismos destinados a combatir su comercialización, han devenido en una escalada en los precios de los alquileres en la isla y en una ingente bolsa de apartamentos y viviendas vacías en temporada baja. Y aunque desde muy diversos sectores se ha diagnosticado el problema, la solución no parece estar a la vuelta de la esquina.
«Tenemos una saturación global en la isla de Eivissa, sobre todo en agosto, en materia de agua, de carreteras, de restaurantes… Todo. Además, los apartamentos en zonas residenciales no están legalizados y no se ofrecen a los trabajadores y a la gente que viene a vivir todo el año. No hay control, así que seguiremos este verano con la locura que estamos teniendo en los últimos años», lamenta Roberto San Esteban.
El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales plantea regular «algún tipo de apartamento» para su alquiler, pero con condiciones: «Siempre y cuando cumpliese con las exigencias de calidad y normativa que existiese». Sin embargo, al no existir regulación, dice San Esteban, «no vemos bajo ningún punto de vista que se puedan alquilar turísticamente pisos cuando hay familias que trabajan, tienen hijos y se les molesta». Bajo esta premisa, San Esteban considera que desde la administración se debe «perseguir» la oferta no reglada «buscando en páginas webs, denunciando y multando». Para ello cree que es necesario «más personal» tanto de inspectores como de agentes que acoten la comercialización de estos alojamientos en zonas residenciales.
San Esteban se muestra «orgulloso» de que después de casi tres lustros haya podido aflorar a la legalidad, a través de la Ley de Turismo de Balears de 2012, el alquiler de viviendas unifamiliares aisladas o pareadas, y anima a que los nuevos afectados «hagan lo mismo y peleen por su pan».
La postura del Govern
El vicepresidente del Govern balear y conseller de Turisme, Biel Barceló (Més), ya se ha pronunciado a favor de perseguir a los infractores mientras se avanza en la futura Ley de Turisme, que sustituirá a la anterior, y donde se abordará la oferta de alojamientos turísticos irregulares. «Los servicios de inspección de los consells insulars, que tienen competencias en ordenación, están trabajando para encontrar una solución junto a la Agencia Tributaria de Balears y la Agencia Tributaria española. Todos los alquileres vacacionales tienen que pagar, el problema es que una parte está regularizada y otra no. Es uno de los retos que hemos de afrontar y de cara a 2017 esperamos que esté aprobada la ley turística después de un gran debate y consenso, de hablar con todas las partes implicadas y de un gran debate social», subrayó Barceló la pasada semana al respecto.