El jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Javier Verdugo, denunció ante la Fiscalía de Eivissa la contratación de Ángeles Gallardo como directora técnica de seguridad del Ayuntamiento portmanyí.
Verdugo trasladó el pasado 23 de diciembre un escrito a la Fiscalía en el que solicitaba la apertura de diligencias informativas para investigar posibles delitos en la contratación de Gallardo.
El jefe de Policía Local de Sant Antoni expone en el escrito que, conforme a la Ley, las plazas de personal eventual deben estar comprendidas en la plantilla de personal y reflejada en el Presupuesto anual para el 2015. Subraya que en el momento de su contratación la plantilla municipal «no incluye la plaza de personal de confianza en materia de seguridad, es decir, esta plaza no existe».
Irregularidades
«La creación del nuevo cargo de confianza de directora técnica de Seguridad, si no había sido creado al comienzo del mandato de la corporación del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, debe llevarse a cabo únicamente con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales, debiendo estar incluida la plaza en la plantilla de personal, habiéndose omitido el trámite en el presente expediente».
En este sentido, Verdugo acompaña a efectos probatorios de su denuncia los informes de Intervención y de Secretaría que no eran favorables a la contratación.
Además, Javier Verdugo abre otra vía de indicios sobre la comisión de algún ilícito penal por el hecho de que las funciones atribuidas al cargo de confianza de directora técnica de Seguridad «chocan frontalmente con las atribuidas» a su persona, el actual jefe de la Policía Local de Sant Antoni.
Verdugo aporta documentación sobre la normativa que rige a la Policía Local de las Illes Balears y subraya que el nombramiento de Ángeles Gallardo chocaría con el artículo 22 de la Ley de Coordinación de las Policía Locales de las Illes Balears; los artículos 38, 39 y 40 del reglamento marco de coordinación de las policías de las Illes Balears, así como el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Sant Antoni. Por todo ello, se estaría incurriendo en un «delito previsto y tipificado en el Código Penal.
LA NOTA
La Delegación del Gobierno también advirtió la irregularidad
La Delegación del Gobierno en les Illes Balears instó al Ayuntamiento de Sant Antoni a anular la contratación del nuevo cargo de directora de Seguridad, responsabilidad para la que fue contratada María Ángeles Gallardo hace dos meses.
El pasado 2 de febrero, la Delegación del Gobierno informó que la institución había advertido al Ayuntamiento portmanyí sobre la irregularidad de la situación tras tener un informe negativo resuelto por el interventor municipal.
Los servicios jurídicos consideran que la contratación de María Ángeles Gallardo «no se ajusta a la ley ya que supone un incremento del gasto público». A esto se suma la creación de una nueva plaza eventual, dos aspectos impedidos por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La Delegación del Gobierno actúa de oficio y revisa este tipo de contrataciones por parte de las corporaciones locales tras el informe negativo del interventor municipal. Si el Ayuntamiento no corrige la situación, el caso será visto en el Juzgado Contencioso Administrativo.