Una «mafia» dedicada al «blanqueo de capitales» podría estar detrás de algunos de los alquileres de villas de lujo en la isla», según explicó ayer el portavoz de la plataforma Ibiza, afectados por los alquileres, Luis Gonzaga. En este sentido, esta plataforma está realizando investigaciones de carácter privado y están encontrando «informaciones muy delicadas» que apuntan, según explicó, a que parte de este movimiento inmobiliario de lujo podría estar vinculado al «blanqueo de capitales de los que todavía no sabemos su procedencia», dijo Gonzaga. Asimismo, el representante de la plataforma aseguró que se va a continuar con estas investigaciones privadas y que «en su momento saldrán a la luz», según advirtió.
Inspectores
Gonzaga informó también que en breve los inspectores de Hacienda del Govern Balear se desplazaran a la isla para investigar los casos que desde la plataforma se les remitan. La entidad recibe denuncias de ciudadanos particulares que serán puestas a disposición de los funcionarios de hacienda para su investigación y posteriores sanciones, si proceden, explicó Gonzaga.
Asimismo los miembros de la plataforma acusan a los integrantes de las empresas inmobiliarias de ser los cómplices de actuaciones «ilícitas». «De hecho, no están interesados en sentarse en la mesa de la vivienda que se convocó hace unas semanas en el Consell» y que advirtió sobre la necesidad de que tanto los agentes inmobiliarios como los propietarios formaran parte de la solución al problema de la vivienda en la isla. En concreto una de las portavoces de la plataforma, Natalia Ojeda, explicó cómo su casero, «con el que al principio tuve una buena relación, al tercer mes y después de haber reformado la vivienda, me expresó su voluntad de venderlo». La portavoz aseguró cómo ha «descubierto que detrás del casero está la inmobiliaria y lo que hacen es vender y revender los mismos pisos para subir el precio y les gestionan el alquiler turístico hasta que se produce esta venta». Según Ojeda, esto es una «mafia» y los contratos anuales «les molestan». «Las familias se ven amenazadas por que se recibe un burofax de que en 60 días tienen que abandonar su vivienda» y, ante la falta de información, «acceden a los deseos de los propietarios», según apuntaron. «Eso es coacción; es un delito», señalaron.
Por su parte, Roberta de Vita, también portavoz de la plataforma en defensa de los afectados por los alquileres, vive en Eivissa hace seis años y no ha sido «capaz de encontrar una vivienda» porque los propietarios «no aceptan mascotas». «Lo más grave es que hay muchos propietarios que no quieren niños», señaló De Vita.
Precisamente, ayer el Ibavi se reunía con representantes de las entidades bancarias y de la plataforma antidesahucios (PAH-Eivissa) para buscar alternativas a este problema.
Los representantes de los bancos que asistieron a la reunión, es decir, Sa Nostra, la Caixa, Banc Popular, BBVA, Caixa Colonya y Banc de Sabadell, aseguraron que actualmente no se está ejecutando ningún desahucio en la isla y que su política ahora intenta reestructurar la deuda, facilitar la dación en pago o facilitar un alquiler social. Además han aceptado el requerimiento del Consell insular en el sentido de que no se realice ningún desahucio sin pasar por la oficina de derecho a la vivienda.
La consellera de Habitatge y vicepresidenta del Consell de Eivissa, Viviana de Sans, lamentó en la jornada de ayer que el Banco de Santander y Bankia no asistieran a la reunión porque «estas entidades sí están realizando desahucios en Eivissa», dijo. Asimismo anunció su propósito de volver a contactar con ellos para que participen en las próximas reuniones. «Les invitamos a que asuman la responsabilidad social que si han entendido los otros bancos», concluyó De Sans.