La Delegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado el inicio de un contencioso-administrativo contra el acuerdo municipal que nombró a Ángeles Gallardo como directora técnica de Seguridad del Ayuntamiento de Sant Antoni.
A través de esta acción la Delegación del Gobierno solicita la impugnación del nombramiento de Gallardo a principios de diciembre del pasado año.
A principios de febrero la Delegación del Gobierno ya advirtió al Ayuntamiento de Sant Antoni respecto a las irregularidades cometidas a la hora de contratar a Gallardo como responsable de facto de la Policía Local de Sant Antoni.
La actuación impulsada reclama la nulidad de la contratación inicial de Ángeles Gallardo ya que esta incumplía la Ley de Régimen Local que circunscribe la contratación de personal de confianza con la constitución del Ayuntamiento o en los presupuestos anuales.
Además, esta irregularidad se apoyaba en un informe elaborado por el departamento de Intervención, que advertía de su situación irregular.
El Ayuntamiento contrató a Gallardo en diciembre del pasado año como cargo de confianza sin que la plaza estuviera creada y, por lo tanto, sin la dotación presupuestaria correspondiente.
El pasado 16 de febrero se oficializó la artimaña utilizada por el Ayuntamiento de Sant Antoni para regularizar la contratación de la directora técnica de Seguridad. El día 1 fue cesada de su cargo y apenas 3 días después fue nuevamente contratada.