Unas 35 personas de etnia gitana se concentraron ayer delante del Ayuntamiento de Eivissa para protestar por el desalojo forzoso –que cuenta con autorización judicial– de una veintena de infraviviendas okupadas, situadas en la manzana más degradada y conflictiva del barrio de sa Penya, en las calles Alt y Retir, previsto para los días 26 y 27 de este mes. Un grupo de familias, con varios niños pequeños, se manifestaron frente a Can Botino durante toda la mañana, coincidiendo con el pleno que la corporación municipal celebraba para la aprobación del nuevo PGOU.
Los ocupantes ilegales de las infraviviendas reivindicaron «no ser discriminados» por su «raza y sus costumbres» y pidieron «vivienda y justicia» para las más de 30 familias que, aseguran, se verán en la calle a finales de mes.
El colectivo pidió a gritos la comparecencia del alcalde de Vila, Rafa Ruiz, para exigirle que detenga los desalojos y les dé una solución habitacional. Tanto el primer edil como el concejal de Cultura y Patrimonio, Pep Tur, permanecieron en el interior de la casa consistorial «para cumplir con su agenda», según fuentes municipales, y evitaron coincidir con los vecinos afectados, con quienes ya solicitaron reunirse, sin éxito, durante el pasado mes de marzo.
Tras la sesión plenaria, Pep Tur explicó sobre la propuesta de que se trasladen a Mallorca que se «está trabajando en un abanico de opciones para llegar a decisiones individualizadas para cada familia». «Algunas incluyen la posibilidad de que regresen a sus lugares de origen, pero son posibilidades, que quede claro», indicó Tur tras recordar que es una situación «muy particular» a tratarse de «viviendas municipales que están ocupadas ilegalmente por estas familias». «Queremos llegar a una solución, pero también tenemos clara nuestra determinación de cumplir con la decisión judicial y proceder a los desalojos a finales de mes», puntualizó Tur.
Al lugar de la concentración acudieron cuatro dotaciones de la Policía Nacional y tres de la Policía Local de Vila, más otros tres efectivos motorizados. En total, 17 agentes vigilaron la protesta, que transcurrió de manera pacífica y sin incidentes.
Reivindicaciones
Los portavoces del colectivo gitano de sa Penya criticaron que desde el ayuntamiento «se nos ofrece billetes de avión para marcharnos de Eivissa» y advirtieron de que «mientras el alcalde no dé la cara», acudirán todos los días a protestar frente al Ayuntamiento.
Las veinte viviendas cuyo desalojo se ha puesto en marcha ahora están ocupadas por unas 60 personas, de los que una tercera parte de los ocupantes son menores. Ayer, sin embargo, los afectados señalaron que «serán desahuciadas más de 30 familias –y un número superior a 120 personas–, y unos 60 niños pequeños».
Uno de los vecinos, Juan Bautista Moreno, negó que en el barrio se trafique con drogas «porque ya no lo permitimos por los niños pequeños» y lamentó que la comunidad se vea obligada a abandonar las viviendas de manera forzosa. «Si pegas, te llevan preso y si pegan [la Policía], te llevan preso y ‘calentao'. Nosotros no robamos ni matamos a nadie, como pasa en otros lados», espetó.
Los portavoces del colectivo gitano, Anastasio García y Sebastián Cortés, descartaron el uso de la violencia «porque no somos violentos, somos personas», y pidieron al alcalde que «dé la cara y nos ayude». «Llevo ahí toda mi vida. Mis hijos han nacido aquí, son ibicencos y tienen a sus amigos tanto ibicencos, como payos, como gitanos. Si nos tiran de las viviendas nos vamos a quedar en la calle, en el barrio, viviendo, con los colchones y con los niños. Todas las familias que estamos aquí vamos a dormir en la calle. No queremos violencia, queremos que nos ayuden», insistió Cortés.
Otro de los vecinos de etnia gitana, Francisco Javier Moreno, pidió «una solución para los 60 o 70 niños que tenemos» y aseguró que están dispuesto a «pagar un alquiler de 450 euros» para permanecer en la isla. «La gente mayor nos dice que no pongamos resistencia y que no peleemos porque tenemos muchos niños. No vamos a pelear porque no somos animales, pero por favor aunque sea una pequeña ayuda para los niños, con eso nos conformamos. No nos negamos a pagar un alquiler de 450 euros, pero sin ayudas de ninguna clase, ¿cómo salimos adelante?», se preguntaba este joven durante la protesta, que finalizó pasadas las 14 horas cuando el Consistorio aceptó recibir el próximo martes a los dos portavoces de estos okupantes de sa Penya.