Una veintena de vecinos de sa Penya se manifestaron ayer, por segundo día consecutivo, a las puertas de la sede del Ayuntamiento de Eivissa en Can Botino para protestar contra los desalojos de las infraviviendas que ocupan ilegalmente en la manzana más degradada del barrio previstos para los próximos 26 y 27 de abril.
Sebastián Cortés, uno de los portavoces de los vecinos afectados, aseguró que las personas que tendrán que salir de las casas seguirán manifestándose hasta que el ayuntamiento les proporcione alguna alternativa para poder tener una vivienda tras los desalojos. De lo contrario, aseguró, «dormiremos todas las noches en colchones con mantas en la calle hasta que nos den una solución. No vamos a salir de sa Penya hasta que no nos concedan una vivienda».
Sin tregua
«No vamos a parar», advirtió Cortés, quien aseguró haberse enterado a través de los medios de comunicación de la intención del alcalde, Rafa Ruiz, de recibirlos el próximo martes.
Según sostienen los vecinos de sa Penya, «nadie del ayuntamiento ha venido a hablar con nosotros». «Llevamos entre dos y tres meses pidiéndoles una cita», afirmó el portavoz. A pesar de ello, se mostraron nuevamente en contra de las alternativas anunciadas por el equipo municipal como el pago de un billete de barco para trasladarse a Mallorca. «Somos gente que llevamos más de cuarenta año en la isla. Nos hemos criado aquí, llevamos toda la vida», afirmó el vecino portavoz.
Respecto a las acciones previstas durante los desalojos, Cortés señaló que no se manifestarán con violencia. «Ese día saldremos tranquilamente porque no queremos violencia y tenemos las de perder», indicó.
Aviso de desalojo
Por su parte, el Ayuntamiento de Eivissa volvió a pegar ayer en las fachadas de las viviendas afectadas unos avisos en los que se indican cuáles serán los inmuebles desalojados y los horarios en los que se producirán.
Esta notificación, según destacaron desde el consistorio, afecta a las personas que ocupan las viviendas de propiedad municipal incluidas en el auto del juzgado de Contencioso Administrativo número 1 de Palma con fecha 11 de enero de 2016 que obligaba al ayuntamiento a realizar estos desalojos en un plazo de cuatro meses.
Esto ya es el colmo total! haciéndose los indignados. Madre mía...