Cuenta atrás para los vecinos de las calles Alt y Retir de sa Penya. Dentro de siete días el Ayuntamiento de Vila ejecutará la ?operación desalojo? de una veintena de casas ocupadas ilegalmente por estas familias. A una semana del desalojo, los afectados hacen un último llamamiento a las autoridades.
«Ellos son los que ganan [el Ayuntamiento] porque tienen los mejores abogados, pero no es justo», señaló el presidente de la Asociación Gitana de sa Penya, Anastasio García. Él y su familia serán desalojados el martes próximo junto a otros 60 vecinos.
«Llevamos 20 años viviendo aquí. Nosotros, al principio, pagábamos un alquiler. Ahora nos desalojan y como alternativa nos envían a Inca», apuntó al PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA García, quien reclama dignidad y una alternativa que no sea abandonar Eivissa. «Nos ofrecen los gastos del traslado a Inca, pero la mayoría tenemos hijos escolarizados y trabajo aquí, tiene que haber otras soluciones», apuntó.
García y Sebastián Cortés, otro de los vecinos que serán desalojados, tienen previsto reunirse hoy con el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, para «buscar alternativas. Pedimos que no se nos criminalice y que nos den una solución», indicó Cortés.
Sebastián y su familia viven en el número 29 de la calle Alt. Apunta que ellos eran propietarios hasta que fueron expropiados en 2011. Entonces solicitaron ser realojados como inquilinos en un edificio que se encuentra vacío en la misma manzana. Ahora, insisten en reclamar una medida similar.
«Queremos que no se nos criminalice. Aquí hay problemas como también los hay en otros sitios de Eivissa», insistió. Sebastián Cortés apunta que el martes «no causarán problemas porque somos familias con mujeres y niños, pero pedimos dignidad». «Pedimos dignidad y corazón», apostilla su mujer.
Las sensaciones
Otra vecina, Sandra, recuerda que «desde que nos dijeron de irnos, no paro de llorar. Nosotros somos de Eivissa. Estamos empadronados aquí y mi hija va al colegio. ¿Cómo es posible que nos envíen a Inca? No lo entiendo. Mi vida está aquí».
Por una calle adyacente aparece Bernardus, un joven holandés que hace tres años adquirió una vivienda ubicada en la calle superior a las dos vías que serán desalojadas. Bernardus apunta no entender la situación porque «son buena gente».
Desde el pasado jueves, los vecinos afectados han protagonizado varias protestas a las puertas de Can Botino. Hoy, Anastasio y Sebastián esperan «salir de la reunión con el alcalde con alguna alternativa». A lo largo del proceso judicial, el Ayuntamiento de Vila ha mantenido contactos con los vecinos afectados, cada uno con una problemática diferente.
«Ahora todos estamos ocupando las viviendas, pero muchos fuimos propietarios y planteamos como alternativa acceder a un alquiler», señalaron. El auto judicial que establece que se deben hacer los desalojos refleja las alternativas que ha ofrecido Vila durante todos estos años y que, en muchos casos, han sido rechazadas por estas familias que ocupan ilegalmente las casas.
Las fuerzas de seguridad han dispuesto un plan especial para los días en que llevarán a cabo el desalojo autorizado por un auto judicial.
El decreto de Alcaldía precisa que, una vez realizado el desalojo y recuperada la posesión de los inmuebles, se habilitarán los medios precisos para evitar nuevas ocupaciones. El objetivo es que las viviendas de sa Penya no vuelvan a ser ocupadas de forma ilegal una vez queden libres.