El alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz, recibió ayer a dos representantes de las personas que serán desalojadas los próximos 26 y 27 de abril de la veintena de viviendas que ocupan ilegalmente en el barrio de sa Penya y les transmitió la posición que mantiene el Ayuntamiento las últimas semanas: proporcionarán ayudas personalizadas a los afectados a través de los servicios sociales para que puedan alquilar otra casa y trasladar sus pertenencias pero únicamente de manera «transitoria» hasta que consigan establecerse por su cuenta.
A la salida del encuentro con el alcalde, Sebastián Cortés, portavoz de los afectados, agradeció el «interés» del alcalde pero lamentó que el Ayuntamiento no les diera una alternativa concreta a una semana de los desalojos. A pesar de ello, aseguró, el día de los desalojos «saldremos pacíficamente». «Hay una orden del juez y tenemos que salir. No vamos a ganar nada con la violencia», añadió.
Cortés admitió también que les han ofrecido ayudas para conseguir otra vivienda pero añadió que «la cosa está mal, no se encuentra vivienda así como así». Por este motivo, aseguró que tras los desalojos «dormiremos en la calle o nos vendremos a la puerta del Ayuntamiento, no nos queda otra».
Previamente a la reunión, el concejal de Cultura y Patrimoni, Pep Tur, reconoció que la tarea de los servicios sociales municipales está siendo «complicada», con negociaciones «donde cada parte juega sus cartas».
Tur insistió que el consistorio ha planteado diferentes opciones a los afectados entre las que se encuentran ayudas para alquilar casas en otros lugares de Eivissa o para trasladarse a casas de familiares en otros lugares de España aunque, recalcó, «en ningún momento se ha puesto encima de la mesa expulsar a nadie de la isla».
Desde el pasado mes de enero cuando se conoció la sentencia que obligaba al ayuntamiento a desalojar el bloque de viviendas ocupadas en las calles Alt y Retir, el área de Bienestar Social se ha puesto en contacto, según Tur, con 17 familias, de las que solo una ha declinado hablar con ellos.
En el momento del desalojo, un técnico municipal y una brigada de obras actuarán sobre las viviendas para inhabilitarlas y las tapiarán para evitar que vuelvan a ser ocupadas. Además, se está reforzando la vigilancia en el barrio y se mantendrá después de los desalojos.
En una segunda fase, se desalojarán las viviendas que fueron ocupadas durante la tramitación la sentencia judicial y afectará a siete inmuebles donde se han instalado seis familias compuestas por 12 adultos y 6 menores.
La intención del Ayuntamiento es intervenir en el bloque cuando esté vacío para convertirlo en viviendas de alquiler social y poner en marcha «cuanto antes» la rehabilitación del barrio.
LA CIFRA
50 DESALOJADOS. Serán desalojados 35 adultos y 15 menores, aunque la población en este bloque es «fluctuante» y han encontrado a más personas.