Antonio Rodríguez, profesor emérito del Departamento de Geografía de la UIB, propuso ayer en la jornada sobre el agua organizada por Aqualia llevar a cabo infiltraciones de agua desalada o depurada en los acuíferos más castigados de la isla por su salinización (Serra Grossa, es Canar y Santa Agnès) para recuperarlos. Además, también recomendó la formación de una comunidad de usuarios de estos acuíferos que evite su sobreexplotación.
En su ponencia, en la que analizó la gestión del agua en Eivissa, Rodríguez apostó por priorizar la conducción del agua desalada al sur de la isla, que es la zona más necesitada, la separación de canalizaciones de pluviales y fecales en Vila y evitar las pérdidas de agua en las tuberías, sobre todo en las zonas turísticas del municipio de Sant Josep.
Por otro lado, el catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universitat Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, apostó por «un cambio de mentalidad» en la gestión de los recursos hídricos para dejar de depender de los subsidios de Europa y Madrid. «En España es impopular entre los políticos cambiar tuberías, porque no se ven, prefieren cambiar bancos o farolas», aseguró el catedrático valenciano, quien calculó en 2,6 euros por metro cúbico la subida en el precio «para no depender de los subsidios que sólo benefician a quien despilfarra».
Cabrera también se mostró partidario de integrar el coste ambiental en el precio del agua. «El agua no tiene que ser cara o barata, sino lo que realmente cuesta», apuntó el experto en recursos hídricos.
También participó en la jornada organizada por Aqualia la directora general de Recursos Hídrics, Joana Maria Garau, quien explicó cómo se establece el precio del agua y destacó que de las 45 zonas de abastecimiento de la isla de Eivissa, 31 de ellas suministraban agua no apta o con incumplimientos en algunos de sus parámetros de calidad en 2015.
Por su parte, la secretaria federal de Cambio Climático y Sostenible del PSOE, Pilar Lucio, apuntó que el «agua va a ser el petróleo del futuro» y explicó que los socialistas proponen un nuevo marco regulatorio basado en la Directiva Marco Europea del Agua.