La Asociación Animalista de Baleares (Assaib) ha ampliado su denuncia contra la directora general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Caterina Amengual y el conseller de Medio Ambiente, Miquel Vericad, por matar cabras en el islote del Vedrà, incluyendo un presunto delito de prevaricación.
Los animalistas, que han dado a conocer hoy la denuncia, acusan a ambos representantes de haber incurrido en prevaricación, además de los presuntos delitos contra los recursos naturales y contra la fauna que ya habían denunciado anteriormente.
La denuncia por prevaricación se dirige contra la directora general como "autora" y contra el conseller ibicenco como "cooperador necesario".
La agrupación argumenta que "resulta evidente que por parte de los investigados se ha emitido una resolución desproporcionada, injusta y arbitraria", ya que considera que la decisión de eliminar las cabras "contraviene" las leyes baleares de Protección de los animales que viven en el entorno humano y de Conservación de Espacios Naturales y Flora y Faunas Silvestres.
Sobre la Ley de Protección de los animales que viven en el entorno humano, los animalistas defienden que las cabras son "moradoras del Islote desde hace decenas de años", y que se trata de una especie doméstica, "aunque vivan asilvestradas", debido a que pertenecen a los propietarios de es Vedrà.
La asociación considera que, para eliminarlas, deberían haber seguido los preceptos que indica la ley, que señala que "el sacrificio de los animales se efectuará de forma instantánea o indolora, y siempre con aturdimiento del animal o pérdida de conciencia del mismo", y sin que suponga "un sufrimiento extremo o agónico del animal, tal y como ha ocurrido en el presente caso".
En cuanto al presunto incumplimiento de la Ley de Conservación de Espacios Naturales y Flora y Faunas Silvestres, los animalistas señalan que no se ha cumplido porque establece que la caza se puede efectuar "siempre que se garantice la supervivencia de la especie objeto de la caza", y en este caso "se contraviene puesto que la pretensión de los investigados no es otra que el exterminio de todas las cabras moradoras de Es Vedrá".
En la ampliación de la denuncia, los animalistas también insisten en la solicitud de medidas cautelares para retirar los cadáveres de los animales muertos y recoger los que siguen con vida. La Fiscalía se opuso "habida cuenta la peligrosidad que ello conllevaría" para los encargados de la tarea y para la salud pública.
Para la asociación, el argumento del ministerio público es "una mera especulación acerca del estado de salud de unos animales" sin una revisión veterinaria, y recuerdan que al menos una vez al año" los propietarios retiran una cabra para su sacrificio y posterior ingesta "sin que se adopte medida sanitaria alguna por parte de la Administración Pública".
Al no adoptar medidas cautelares, también se priva a los denunciantes "de poder analizar tanto a las cabras vivas como los restos de las cabras fallecidas" para "discernir o no la existencia de los ilícitos penales descritos", añade la denuncia.
Los denunciantes cuestionan el argumento del difícil acceso al terreno y recuerdan que los técnicos de Medio Ambiente realizaron recientemente una visita para analizar el estado de la flora y "parecía más una excursión en un día soleado, que una incursión en un territorio inhóspito de casi imposible acceso".
El Govern llevó a cabo a principios de febrero el sacrificio de las cabras en es Vedrà, donde había contabilizado la presencia de entre 37 y 45 ejemplares, por considerarlas una amenaza para las especies endémicas del islote que es reserva natural.