Balears contará con 772.929 electores que podrán ejercer su derecho al voto el 26 de junio, día en el que se habilitarán 380 colegios y 1.182 mesas electorales en todas las islas, informó ayer la Delegación del Gobierno.
Además, 1.764 agentes, entre guardias civiles y policías velarán por la seguridad y el efectivo ejercicio de las libertades públicas durante de la jornada electoral.
Del total de electores en Balears, 749.055 residen en las islas, y 23.874 en el extranjero.
La mayor parte de quienes tienen derecho a votar están en Mallorca (606.453); seguidos de Eivissa (92.003); Menorca (67.371) y Formentera (7.102).
La Delegación del Gobierno ha recibido diez solicitudes de voto accesible (para personas ciegas), de las cuales, siete en Mallorca, dos en Eivissa y una en Menorca, así como 23.661 solicitudes de voto por correo.
Los 380 colegios electorales están distribuidos en 67 municipios, 302 en Mallorca, 39 en Eivissa, 36 en Menorca, y tres en Formentera.
También se han dispuesto 888 cabinas electorales y 2.364 urnas –dos por mesa– en Balears.
Los votantes del archipiélago tendrán a su disposición 4.290.000 papeletas para elegir sus representantes al Congreso, y 780.000 al Senado, que corresponden a nueve formaciones políticas distintas.
Según la Delegación del Gobierno en el archipiélago, unos 600 representantes de la Administración trabajarán el 26 de junio, cuando se prevé la utilización de 433 teléfonos móviles y tabletas para la transmisión de datos.
En cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, actuarán 770 guardias civiles, 596 en Mallorca, 100 en Eivissa, 12 en Formentera, y 62 en Menorca; así como 556 policías nacionales: 437 en Mallorca, 63 en Menorca y 56 en Eivissaa.
También, 438 policías locales prestarán su apoyo, en Mallorca serán 319; en Menorca, 65; en Eivissa, 50; y cuatro en Formentera.
Delegación del Gobierno recuerda que la apertura de los colegios electorales es a las 9.00 horas y el cierre a las 20.00 horas, y que la inasistencia o abandono de los miembros de la mesa supone un delito electoral, que conlleva una prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses