El Ayuntamiento de Eivissa está negociando con la Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) la manera de pagar los 5,3 millones de euros que adeuda al ente que gestiona la desaladora del municipio después de que el Consistorio no aplicara la subida del precio de compra del agua desalada al recibo que pagan los ciudadanos entre los años 2011 y 2015. «Vamos a negociar con Abaqua para que la subida sea asumible para la ciudadanía. Nuestra intención no es trasladar de una sola vez el coste a la gente, sino vincularlo a la nueva concesión. No podemos descartar ninguna opción pero, por desgracia, alguna cosa habrá que hacer», aseguró ayer el concejal de Hisenda, Alfonso Molina.
El regidor socialista explicó que en 2009 los ayuntamientos firmaron un convenio con Abaqua para la venta de agua desalada con una cláusula para revisar los precios anualmente basada en una fórmula que tenía en cuenta el precio de la energía y el IPC. No obstante, los consistorios no estaban de acuerdo con los índices utilizados por Abaqua y Vila, por ejemplo, siguió cobrando el mismo precio que entonces. Para solventar este conflicto, las administraciones y Abaqua decidieron someterse al arbitraje del Colegio de Economistas de Balears, que ha fallado a favor de Abaqua.
El equipo de gobierno rechazó la moción presentada por el Partido Popular que pedía que el Ayuntamiento no trasladara a los ciudadanos a través del recibo del agua este sobrecoste de 5,3 millones de euros. «Ustedes tienen dinero en la caja y los instrumentos para no repercutir este sobrecoste al ciudadano. Gobiernan para aliviar, no para exprimir», apuntó el concejal del PP Àlex Minchiotti, quien tuvo la rápida contestación de Molina: «Este hipermarrón viene por la irresponsabilidad de los gobiernos del PP, que no se cubrieron como sí hizo Sant Antoni e hicieron el avestruz ante un problema que se conocía desde 2013».
«La situación no es la misma ahora que hace unos años, dejemos al ciudadano fuera de esto y nos tendrán a su lado, no se le puede cargar ahora el coste al recibo», afirmó Minchiotti.
Bronca por un accidente
El momento tenso del pleno se produjo a raíz del estado de los parques de la ciudad y del mobiliario urbano. Pablo Gárriz, concejal del PP, puso como ejemplo el accidente que sufrió un niño a finales de mayo cuando se le cayó parte de un banco roto sobre la mano en la plaza Antoni Albert i Nieto «en el que casi pierde tres dedos». Un caso que al equipo de gobierno no le sentó bien que se mencionara en el pleno y que provocó la reprimenda al concejal ‘popular'. «Le pido que respete ciertos límites. Usted ha dicho dos mentiras: el banco no se tardó en quitar tres semanas ni fueron tres dedos, sino dos. Los bancos se revisan y se mantienen por parte de una empresa. Se hizo una valoración y se retiraron los bancos que se consideraba que no estaban bien anclados. Ése no se quitó porque parecía que estaba bien anclado pero estaba precintado. Sin embargo, cuando el niño fue a jugar el precinto había desaparecido. Fue un desgraciado accidente y al día siguiente a las ocho de la mañana la brigada de obras retiró el banco y otros que estaban en la misma situación. Le pido respeto, que diga la verdad y que vaya alerta porque hay límites que usted ha sobrepasado», explicó la concejala López.
«Creo que este tema se quiere llevar a un terreno que no toca. No me siento aludido por su comentario porque aquí no se ha faltado el respeto a nadie ni se ha pasado ningún límite. Si los parques estuvieran como tocaría, no habría cartas al director, no se verían tarimas con clavos, alambres puntiagudos... esto es lo que hay que evitar. Cierto, son dos dedos, pero hay situaciones que tardan tres semanas en arreglarse y hasta que nadie escribe una carta en el periódico nadie va a arreglarlo. Lo que pedimos es prevención y se eviten los accidentes», añadió el concejal Gárriz.