El Ayuntamiento de Santa Eulària ha criticado la modificación de un artículo de la ley 10/2010 a través de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental aprobada el pasado jueves por el Parlament balear y que supone que el Consell d'Eivissa no necesite autorización municipal para llevar a cabo, por ejemplo, obras de rehabilitación en el antiguo cuartel militar de sa Coma, que es de su propiedad. «Es un ataque a la autonomía municipal, tanto de Santa Eulària como de Sant Antoni», asegura el concejal de Urbanisme de la Villa del Río, Mariano Juan.
Para el regidor de Santa Eulària «no es legítimo que cuando los ayuntamientos tengamos que aprobar un proyecto de obra pública o modificar nuestros planeamientos urbanísticos tengamos que pasar por el tamiz del Consell o del Govern y ahora éstos quieran quitarse las pulgas y los controles de los demás».
Mariano Juan señala que «sobre todo, no es justo para los ciudadanos, que necesitan de una licencia municipal para sus actividades y ahora ven que el Consell no la va a necesitar».
No obstante, desde Santa Eulària esperarán a que el texto se publique en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) para tomar una decisión «a nivel político o a nivel jurídico de una situación que consideramos injusta», apunta el concejal Mariano Juan.
El PP de Eivissa también señaló que la modificación de esta ley fue incorporada el texto inicial a través de una enmienda del PSOE y que su intención es «privar a los Ayuntamientos de competencias que le son propias prescindiendo de las entidades locales a la hora de informar, con carácter previo al otorgamiento de la licencia, sobre las obras y actividades a desarrollar en su propio municipio».
Para el PP de Eivissa se trata de un «despropósito que menosprecia a los ayuntamientos ibicencos». El diputado autonómico y portavoz de la formación, Miquel Jerez, señaló que «esta ley expropia unilateralmente competencias irrenunciables para los ayuntamientos ibicencos en materia urbanística para hacer de sa Coma un ‘cortijo' donde todo se pueda hacer y deshacer sin contar siquiera con la opinión de los ayuntamientos afectados». Por otra parte, Miquel Jerez denunció «se ha ocultado esta modificación al Consell d'Alcaldes en un acto de deslealtad institucional indigno y reprobable susceptible de convertir a este órgano en un paripé».