Esta semana conocimos, gracias al trabajo de nuestro compañero Juan Antonio Torres Escandell, que las instituciones ibicencas ingresaron el año pasado 30,5 millones de euros más de lo que gastaron. Un dinero que proviene de las tasas y los impuestos –de los más elevados del conjunto nacional, por cierto– que pagamos los contribuyentes para su eficiente gestión.
Tamaño superávit resulta poco menos que un insulto para los residentes que, desde hace lustros, sufrimos las enormes deficiencias que presenta la isla. Y nuestros visitantes también. Infraestructuras básicas obsoletas, suciedad, falta de médicos, policías, bomberos, inspectores... inversión cero en modernizar nuestras calles y espacios públicos, y un largo etcétera que, a mí personalmente, me produce dolor de estómago solo de pensarlo.
Quien más y quien menos, todos nos hemos preguntado alguna vez adónde va a parar todo ese dinero que entra a espuertas en temporada alta. Aquí se pagan auténticas fortunas porque nuestra isla se ha convertido en un reclamo para multimillonarios y personalidades de todo el mundo. Entra dinero a raudales, pero el ciudadano de a pie se pregunta dónde demonios va a parar. Pues ya sabemos que al menos una pequeña parte se aloja en el cajón del remanente de los cinco ayuntamientos y del Consell d'Eivissa.
Ahora que desde el sector privado se están llevando a cabo inversiones millonarias, se ha modernizado la planta hotelera y contamos con algunos de los establecimientos más lujosos y afamados del planeta, es el momento de que las administraciones, empezando por el Gobierno central –y la restrictiva Ley Montoro–, arrimen el hombro y estén a la altura. Sobre todo porque parte del dinero que tanto nos cuesta ganar lo entregamos religiosamente (los asalariados en su mayoría) a la hucha común para que nos sea devuelto en forma de ayudas sociales e infraestructuras y servicios públicos de calidad. En eso consiste el Estado del Bienestar, ¿no?
Esta semana también ha sido intensa en cuanto a la restricciones en el acceso a playas públicas, como ha sucedido en Platges de Comte, donde seguridad privada amenazaba incluso a los transeúntes, o en sa Caixota, donde los propietarios de unos apartamentos instalaron una puerta en el acceso a la playa que, afortunadamente, ordenó retirar el Ayuntamiento de Sant Josep.