La Policía Nacional, con el apoyo de cuerpos de seguridad de Alemania, Francia y la Interpol, ha detenido a 24 miembros de una organización que forzaba a prostituirse en Ibiza a nigerianas captadas mediante engaños y retenidas con ritos de vudú, de las cuales ha liberado a 21, incluida una de 16 años.
La organización estaba dirigida por dos nigerianas que coordinaban una trama dedicada a captar a jóvenes desfavorecidas de las principales ciudades de Nigeria con falsas ofertas de trabajo en España y organizaba sus viajes hasta Europa, tanto por vía terrestre a través de Libia como en avión hasta Marruecos para entrar en la Península Ibérica de forma ilegal desde Ceuta.
Cuando llegaban a España se les reclamaba una deuda por el viaje que eran obligadas a pagar ejerciendo la prostitución callejera en Ibiza en jornadas de hasta 14 horas cuya recaudación entregaban íntegra a la organización que las explotaba, que las alojaba hacinadas en pisos donde eran retenidas.
A raíz de la pista surgida por sospechas de explotación sexual de nigerianas en un polígono industrial de Fuelabrada (Madrid), los investigadores tuvieron conocimiento de que dos mujeres dirigían una amplia red de trata y protegían su actividad con estrictas medidas de seguridad, trasladándose y moviendo a sus víctimas a Madrid y Castellón en invierno y a zonas turísticas de Ibiza en verano.
Las mujeres explotadas procedían de entornos sociales pobres de ciudades nigerianas y en su país habían sido sometidas a rituales de vudú que constituían para ellas un vínculo que si rompían podía derivar en su muerte o la de sus familiares. No obstante, los investigadores detectaron que algunas habían sido comprada a otras organizaciones criminales durante el trayecto desde Nigeria.
Las que llegaban a través de Libia salían con otros inmigrantes irregulares con destino a Italia y, una vez en campos de refugiados de ese país, eran localizadas por miembros de la banda que las sacaban y las alojaban hasta que otros cómplices procedentes desde España las recogían y las traían por avión con documentación legal de otras mujeres.
También alcanzaban la Península de manera irregular las que habían llegado a Ceuta desde Marruecos.
A las primeras se les exigía al llegar a España que se prostituyeran para pagar una deuda de unos 35.000 euros, y a las provenientes de Marruecos, trasladadas inicialmente por vía aérea, se les imponía una deuda de 55.000 euros.
Para que su situación de residencia irregular no resultara un impedimento para circular libremente y ejercer la prostitución a diario, la organización inducía a las víctimas a solicitar protección internacional, lo que las dotaba de una documentación provisional.
Su principal zona de actuación eran las áreas turísticas de la ciudad de Ibiza, donde la trama controlaba en exclusiva dos plazas que llegaba a ceder a prostitutas fuera de su control a cambio de una compensación económica.
Las mujeres, que en España volvían a ser atemorizadas con nuevos ritos vudú, vivían en pisos de los que no tenían las llaves, que solo podían abandonar para ejercer la prostitución y comprar comida y a los que no podían regresar sin haber ganado el dinero que la organización les exigía a riesgo de sufrir palizas.
En uno de los registros en Ibiza, la Policía encontró que 17 mujeres vivían en un piso de 30 metros cuadrados y las 13 víctimas que habitaban el inmueble compartían en grupos de tres o cuatro camas de 90 centímetros de anchura.