El Govern balear no quiere que el próximo verano se repitan los abusos de este verano en la ocupación del litoral y ha iniciado los trámites para gestionar la competencia, que ahora está en manos del Gobierno central. La enorme presión humana que han sufrido este verano las Islas ha provocado un exceso de ocupación de las zonas públicas que el Govern quiere evitar.
El caso más flagrante fue tal vez la ocupación de la playa de Cabrera por parte de los usuarios de yate de lujo. La publicación de una serie de fotografías por parte del colectivo Terraferida, en la que veía la playa de Cabrera convertida casi en un club privado, provocó la indignación ciudadana.
Sin embargo, los abusos en el litoral se han dado en numerosas zonas de las Islas, con sobreexplotación de sombrillas y hamacas, parkings improvisados en zonas de alto valor ecológico y celebración de fiestas privadas en playas públicas. El GOB y otros colectivos han exigido al Govern que tome medidas ya.
La carta
Para evitar estos abusos, la directora general de Relacions amb el Parlament, Beatriz Gamundí, ha enviado una carta el Ministerio de Hacienda en la que pide formalmente el inicio de negociaciones para el traspaso de esta importante competencia. En la carta se recuerda que el actual texto del Estatut abre la puerta al traspaso de competencias en materia de gestión del dominio público marítimo terrestre, un espacio que se considera de significativa importante para Balears. De hecho, el Govern y el Gobierno ya iniciaron contactos en la pasada legislatura para conseguir el traspaso de esta competencia, pero en 2012 quedaron totalmente paralizadas las negociaciones y el proceso quedó en punto muerto. Lo que pide el Ejecutivo balear es que se reúna de una vez la comisión bilateral que debe formalizar el traspaso, una comisión que no se ha reunido desde hace años ya que la última competencia de enjundia se formalizó en la época en la que Francesc Antich fue president del Govern. En la carta, el Govern recuerda además que la petición de iniciar las negociaciones responde, de hecho, a un mandato parlamentario. En el pasado debate de política general, el Parlament aprobó una propuesta de resolución en que se insta al Govern a que, de acuerdo con el lo que dice el Estatut d'Autonomia en el artículo 32.17, «inicie el proceso de transferencia de la Demarcación de Costas a la Comunitat garantizando su correcta dotación a partir de las tasas que se recaudan». También se acordó instar al Govern a que impulse los traspasos pendientes en materias de justicia, policías, costas y litoral, cogestión aeroportuaria y puertos.
En este proceso de negociación falta por determinar qué competencias exactas se transferirán a la Comunitat. Es decir, dentro de las competencias de Demarcación de Costas, es probable que el Gobierno quiera mantener algunas gestiones, como la realización de los deslindes, que es la base para determinar donde acaba la zona costera.