El Consell de Govern aprobó ayer una subvención de 25.000 euros para el Ayuntamiento de Ibiza con el fin de financiar el proyecto de intervención social en el barrio de sa Penya y que un trabajador social pueda atender a las familias y personas desalojadas de la zona.
El empleado se coordinará con la Unidad de Trabajo Social del lugar y con la de Gestión de la Concejalía para garantizar una atención preferente e inmediata a los afectados por el desalojo.
De esta forma, se permitirá garantizar una propuesta de trabajo de intervención social con cada una de las personas y familias afectadas, implicarlas en los planes de trabajo y las propuestas para lograr la reubicación en una nueva vivienda y hacer un seguimiento y evaluación del proceso de integración, según informaron desde el Ejecutivo autonómico.
La población afectada por el proceso de desalojo del barrio de sa Penya es mayoritariamente de etnia gitana. Un 72 por ciento son adultos y un 28 por ciento son menores de edad, según los datos que maneja el Govern.
El desalojo de la manzana más conflictiva de sa Penya se produjo el pasado 26 de abril y en total se desalojaron 17 viviendas. Con el paso de las semanas se produjeron diferentes intentos de ocupación y Vila decidió en mayo levantar un muro para proteger las viviendas vacías y evitar así nuevas ocupaciones ilegales. Sin embargo, el muro no quedó exento de intentos de ocupación.
El edificio ubicado en la UA27, la manzana más degradada de sa Penya, albergará once viviendas de protección oficial que se destinarán a alquiler y equipamiento municipal. El edificio, situado en las calles Alt y Retir, tendrá viviendas de entre 45 y 75 metros cuadrados y ocupará una superficie total de 940 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, planta subterránea y dos plantas.